Una argentina acusada de votar ilegalmente en las elecciones de 2024 se convirtió en el caso más reciente de la ofensiva federal contra el voto de personas que no son ciudadanas en Nevada. El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este viernes la acusación contra Mariela Delia Mendoza, una ciudadana argentina que vive en Las Vegas como residente permanente legal y que, según la Fiscalía, votó en el condado de Clark sin tener derecho a hacerlo.
De acuerdo con el anuncio oficial, Mendoza enfrenta un cargo de voto de una persona extranjera. La acusación sostiene que en las elecciones de 2024 votó por la Presidencia de Estados Unidos y también por los escaños del Senado y de la Cámara de Representantes, cargos federales reservados exclusivamente a los ciudadanos estadounidenses. Si es declarada culpable, podría recibir hasta un año de prisión, una multa de hasta 100.000 dólares, o ambas penas. Como ocurre con toda acusación formal, Mendoza se presume inocente hasta que un tribunal pruebe su culpabilidad.
Argentina acusada de votar ilegalmente: la postura de la Fiscalía
«Como demuestra este caso adicional, hay un fallo catastrófico a la hora de proteger las urnas», declaró Sigal Chattah, primera fiscal adjunta de Estados Unidos para el Distrito de Nevada, al anunciar el cargo. Chattah aseguró que cada voto ilegal pone en duda la seguridad de las elecciones y la confianza pública en el sistema democrático, y advirtió que su oficina aplicará una política de tolerancia cero: cada caso será perseguido con todo el peso de la ley, aseguró, para proteger la voz de los ciudadanos que votan legalmente.
La expresión «este caso adicional» no es casual. El de Mendoza se suma a una serie de acusaciones por voto ilegal que la Fiscalía federal ha ido presentando en Nevada en las últimas semanas. Esta misma semana, otra residente congoleña del condado de Washoe fue señalada como la cuarta acusada de votar sin ser ciudadana, en un caso separado, con otra persona, otra nacionalidad y otro condado. El patrón que dibujan las autoridades es el de una revisión caso por caso de votos emitidos en 2024 por residentes que no tenían la ciudadanía.
Residente permanente no significa derecho a voto
El caso vuelve a poner sobre la mesa una confusión frecuente entre los inmigrantes en Estados Unidos: tener la residencia permanente legal —la conocida «green card»— permite vivir y trabajar en el país, pero no otorga el derecho a votar en elecciones federales. Ese derecho está reservado a los ciudadanos, y votar sin serlo es un delito federal que, además de las penas de cárcel y multa, puede tener consecuencias migratorias graves para la persona condenada.
El condado de Clark, donde vive Mendoza, es el más poblado de Nevada y concentra el área metropolitana de Las Vegas, con una amplia comunidad latina —incluidos miles de venezolanos y argentinos— que sigue estos casos con especial atención, porque muchos residentes permanentes están en proceso de naturalización o tienen familiares que aún no pueden votar.
Un anuncio a las puertas de las elecciones de medio término
La acusación se conoce a pocos días de las elecciones de medio término del 3 de noviembre, en un clima de máxima vigilancia electoral en Nevada: el propio Departamento de Justicia anunció que enviará observadores a centros de votación del estado, mientras la votación anticipada marca cifras récord en todo el país. Para las autoridades federales, el mensaje de fondo es disuasorio: quien no sea ciudadano no debe votar, y los votos de 2024 todavía están siendo revisados y perseguidos dos años después.
El proceso contra Mendoza seguirá ahora su curso en la corte federal, donde deberá comparecer para responder al cargo. Su caso, el más reciente de la serie de Nevada, deja una advertencia clara para la comunidad inmigrante de Las Vegas: antes de acercarse a una urna, cada residente debe tener la certeza absoluta de su estatus, porque un solo voto puede terminar en una acusación federal.
