Las autoridades interinas de Venezuela pidieron formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dar por concluido el expediente abierto.
Las autoridades interinas de Venezuela pidieron formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dar por concluido el expediente abierto por la Ley contra las ONG, el marco legal que regula y controla a las organizaciones de la sociedad civil en el país. La solicitud llegó en un escrito oficial en el que la representación venezolana, pese a pedir el cierre del caso, no respondió las preguntas que los relatores especiales del organismo le formularon hace más de tres años.
Ley contra las ONG: 12 preguntas que quedaron sin respuesta
En el documento enviado a la sede del organismo internacional, la representación de Venezuela omitió responder a las 12 interrogantes formuladas desde 2023 por cuatro relatores especiales en materia de derechos humanos. Esas preguntas buscaban evaluar el impacto y los riesgos que la Ley contra las ONG representa para el libre ejercicio de la sociedad civil y de las organizaciones no gubernamentales que trabajan en el país, desde la ayuda humanitaria hasta la defensa de los derechos fundamentales.
Los relatores especiales son expertos independientes que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU designa para vigilar situaciones concretas y pedir cuentas a los Estados. Sus comunicaciones forman parte del expediente que ahora Caracas quiere ver cerrado: según el escrito oficial, el Estado venezolano pide que el caso «se dé por concluido» y asegura que seguirá colaborando con la ONU, aunque las respuestas de fondo a los cuestionamientos nunca llegaron.
La defensa oficial: comparación con Rusia, China y Nicaragua
Para argumentar la vigencia del instrumento normativo, la postura oficial sostuvo que los derechos a las libertades de expresión y de asociación «no tienen carácter absoluto». En su defensa, la vocería gubernamental acudió a un ejercicio de derecho comparado y equiparó las regulaciones venezolanas con los marcos legales y de control vigentes en países como Rusia, China y Nicaragua, conocidos por sus restricciones al espacio cívico y por el cerco legal sobre las organizaciones independientes.
La representación diplomática aseguró además ante la ONU que el texto legal fue producto de un «amplio proceso de consultas públicas». La afirmación contrasta directamente con las observaciones técnicas emitidas en su momento por los propios relatores del organismo, quienes advirtieron que el proyecto ni siquiera había sido publicado formalmente para el debate ciudadano antes de avanzar en su tramitación.
PROVEA: una «respuesta vaga y extemporánea»
Las organizaciones venezolanas de derechos humanos reaccionaron con dureza. PROVEA, una de las ONG de mayor trayectoria en el país, calificó el escrito como una maniobra que simula cumplimiento: «Esta respuesta vaga y extemporánea simula cumplimiento y mantiene la Ley contra las ONG, pieza clave para perseguir a disidentes y a quienes se perciba como tales», escribió la organización en sus redes sociales.
No es la primera vez que PROVEA choca con las autoridades por la actuación de los cuerpos de seguridad y el cerco a la sociedad civil: esta misma semana, la organización exigió investigar a los ejecutores de las detenciones arbitrarias en el país. Diversas organizaciones defensoras de derechos humanos alertaron que la respuesta extemporánea ante la ONU no es más que una maniobra para proyectar un supuesto apego formal al multilateralismo, mientras se mantiene intacto el andamiaje jurídico de control sobre la sociedad civil.
Lo que está en juego para la sociedad civil venezolana
El expediente de la Ley contra las ONG es seguido de cerca por las organizaciones que operan dentro de Venezuela, porque de su aplicación dependen el registro, el financiamiento y la propia existencia legal de cientos de asociaciones. Que el Estado pida cerrar el caso sin responder a los relatores deja, por ahora, las 12 preguntas de 2023 sin contestación y el debate abierto entre el Gobierno interino y los mecanismos de derechos humanos de la ONU, un organismo cuya actividad en la región se mantiene en el centro de la agenda diplomática.
El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra. Por eso el desenlace de este expediente importa más allá de Ginebra: definirá si el control sobre las ONG se discute con las respuestas que la ONU lleva tres años esperando o si el caso se archiva, como pide Caracas, sin saldar esas cuentas pendientes.
