Provea exige que cesen las detenciones arbitrarias en Venezuela, que sean liberadas todas las personas presas por razones políticas y.
Provea exige que cesen las detenciones arbitrarias en Venezuela, que sean liberadas todas las personas presas por razones políticas y que se investigue a los ejecutores materiales e intelectuales de la represión. El planteamiento lo hizo este jueves 29 de octubre el coordinador general de la organización, Rafael Uzcátegui, en una rueda de prensa en Caracas con motivo de los 38 años de la fundación del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, el 15 de octubre de 1988.
Uzcátegui sostuvo que la impunidad es el combustible que permite que las violaciones se repitan, y por eso la organización pidió sanción para los culpables de las violaciones a los derechos humanos. También exigió el cese de la negación de visitas y de información a los familiares de los detenidos en la sede del Sebin en El Helicoide y en la cárcel de El Rodeo I, donde, denunció, los presos por razones políticas se mantienen en condiciones infrahumanas.
Provea exige investigar a ejecutores materiales e intelectuales
La lista de exigencias presentada por Uzcátegui tiene cinco puntos: el cese de las detenciones arbitrarias, la liberación de todos los presos por razones políticas, la investigación de los ejecutores materiales e intelectuales de esas detenciones, la sanción a los culpables de las violaciones y el fin de la incomunicación de los detenidos en El Helicoide y El Rodeo I. El coordinador advirtió además que el gobierno y los actores políticos no deben negociar acuerdos que excluyan a las víctimas: las garantías de no repetición, dijo, deben construirse junto a las víctimas y a las organizaciones defensoras.
El pronunciamiento aterriza el mismo día en que Amnistía Internacional y más de 50 organizaciones venezolanas e internacionales llamaron a desmantelar la política de represión estatal. Según esa declaración conjunta, en 2025, con datos de siete organizaciones, el 79 % de las detenciones por motivos políticos registradas (157 de 199) se ejecutó sin orden judicial, el 75 % de las personas (150) fue mantenida incomunicada y el 46 % (91) fue víctima de desaparición forzada de corta duración.
Las cifras del informe 2025 de Provea
En su informe anual 2025, Provea documentó un patrón de graves violaciones que se arrastra desde hace más de una década. Solo en integridad personal contó 40.249 violaciones, además de 4.631 detenciones arbitrarias y al menos 2.852 allanamientos ilegales o violentos. La organización recordó que torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes han sido una práctica reiterada durante el último lustro y que, para noviembre de 2025, un nivel de impunidad superior al 98 % había impedido que las víctimas accedieran a la justicia.
Uzcátegui ubicó el punto de quiebre en 2013, cuando el deterioro de los derechos en Venezuela se hizo «mucho más evidente y mucho más grave», y señaló 2014 como el año en que comenzó la represión generalizada contra la disidencia que protestaba. En el terreno laboral, denunció que el salario mínimo y la pensión llevan varios años por debajo de un dólar, que el llamado bono de guerra económica de 150 dólares no compensa esa pérdida y que el ingreso total no supera los 160 dólares, además de cuestionar que el consejo consultivo de empresarios anunciado por la presidenta Delcy Rodríguez excluya a los sindicatos.
Un reclamo que también mira a la Corte Penal Internacional
El llamado de Provea coincide con el recordatorio de Amnistía Internacional de que la política de detenciones arbitrarias forma parte de los hechos que investiga la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como posibles crímenes de lesa humanidad, y con el informe de la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU del 18 de septiembre de 2026, que reafirmó la existencia de motivos razonables para creer que el Estado venezolano cometió el crimen de lesa humanidad de persecución. «Llamamos en los términos más contundentes a que se desarticule la política de represión y cesen las detenciones arbitrarias por motivos políticos», expresó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Tras 38 años de trabajo, Provea cierra su aniversario con la misma demanda con la que nació: que ninguna detención arbitraria quede sin investigación, que ningún ejecutor quede sin sanción y que las personas presas por razones políticas recuperen su libertad.
