Los fondos de reconstrucción destinados a las comunidades golpeadas por los terremotos del 24 de junio en Venezuela se siguen moviendo sin un plan.
Los fondos de reconstrucción destinados a las comunidades golpeadas por los terremotos del 24 de junio en Venezuela se siguen moviendo sin un plan público, sin un presupuesto detallado y sin mecanismos de control independiente. Así lo advirtió Transparencia Venezuela en su informe «Reconstrucción Postdesastre y Gestión Transparente de Fondos Públicos», presentado este jueves, cuatro meses después del doble sismo que dejó más de 3.800 fallecidos, según las cifras oficiales citadas por la organización.
El documento compara la respuesta venezolana con nueve desastres internacionales, desde Chile y Japón hasta Haití y Siria, y extrae una conclusión incómoda: el mayor riesgo de desvío de los recursos no aparece en el primer año, cuando la atención pública y la cooperación internacional están concentradas en la emergencia, sino en los años dos y tres, cuando esa vigilancia disminuye y el dinero sigue fluyendo.
Fondos de reconstrucción: la brecha entre el daño y el dinero anunciado
La primera alerta es de escala. Las evaluaciones de daño directo citadas en el informe oscilan entre 6.700 millones y 37.000 millones de dólares, una horquilla que ya revela la falta de cifras oficiales consolidadas sobre damnificados y daños estructurales. Frente a esa magnitud, el Gobierno solo ha anunciado un fondo inicial de reconstrucción de 200 millones de dólares. La magnitud del daño ya había sido dimensionada por organismos multilaterales: los daños suman 14.866 millones de dólares, según el BID y el Banco Mundial.
Transparencia Venezuela contabilizó además, al 17 de agosto, 1.333 millones de dólares anunciados por 151 donantes. La organización subraya, sin embargo, que esa cifra corresponde a compromisos de cooperación y no a desembolsos verificados: nadie puede confirmar hoy cuánto de ese dinero llegó efectivamente, a qué manos fue a parar ni en qué obras se convirtió.
Un vacío institucional que recuerda al Fonden
El segundo problema es jurídico. Según el informe, hasta el momento no existe ningún instrumento legal que cree o regule el mecanismo encargado de administrar los recursos. No hay mandato, ni plazo, ni presupuesto, ni un órgano rector designado. El canal financiero propuesto por el Ejecutivo para centralizar la ayuda es el Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes), una institución que, advierte la ONG, no tiene acceso legal a la información sobre endeudamiento o acuerdos de cooperación.
La advertencia tiene un antecedente directo en la historia reciente del país: entre 2005 y 2015, el Fonden manejó 781 proyectos por 174.898 millones de dólares sin un control ni una auditoría externa efectiva. Para Transparencia Venezuela, repetir ese esquema sería condenar la reconstrucción a la misma opacidad. La organización recuerda, además, que instalar controles de integridad toma semanas, mientras que reconstruir la trazabilidad de un dinero ya ejecutado sin controles es, sencillamente, imposible.
El informe suma datos de fondo sobre la opacidad estructural del Estado venezolano: el país obtuvo 0 sobre 100 en la Encuesta de Presupuesto Abierto por tercera vez consecutiva, acumula 20 años sin publicar la Cuenta General de Hacienda y más de 15 años sin estadísticas fiscales oficiales. En materia de prevención, señala que menos del 25 % de las edificaciones cumple la norma sismorresistente Covenin 1756 y que el 77 % de las viviendas está en asentamientos informales, una vulnerabilidad que ayuda a explicar por qué el impacto del sismo fue tan devastador en zonas como La Guaira, una de las regiones más golpeadas por los terremotos.
Las claves: un fondo fiduciario y auditorías públicas
La propuesta central del informe se inspira en la reconstrucción de la provincia de Aceh, en Indonesia, tras el tsunami de 2004, considerada el caso de mayor éxito institucional entre los nueve desastres analizados. Su efectividad, sostiene la ONG, no radicó en la cantidad de dinero recibido, sino en el diseño del mecanismo que lo administró.
Para Venezuela, Transparencia propone un fondo fiduciario multidonante administrado por un fideicomisario externo e independiente, que custodie la totalidad de los recursos internacionales y los libere tramo por tramo, únicamente contra verificación técnica del avance de obra y de los costos. A su lado debería operar un ente público con fecha de expiración y competencias estrictas para planificar y coordinar las prioridades de reconstrucción, pero con una prohibición expresa: no podría contratar ni ejecutar obras.
El esquema se completa con un comité directivo mixto en el que la sociedad civil tenga asiento con derecho a voto sin ser designada por el Ejecutivo, una instancia de integridad operativa creada antes del primer desembolso y auditorías externas contratadas directamente por el comité, cuyos dictámenes deberían ser públicos e íntegros. Las tres lecciones clave del informe se resumen así: reglas claras mediante un plan y un presupuesto transparentes, auditorías independientes con fiscalización técnica y sanciones efectivas para los actos de corrupción.
El informe también documenta anomalías ya registradas tras el doble sismo, como la entrega de ayudas según la filiación política de los afectados, la alteración de registros en el balance oficial de fallecidos y las restricciones a la prensa para acceder a la zona cero. Cuatro meses después, mientras en lugares como Caraballeda todavía se recuperan cuerpos entre los escombros, la conclusión de Transparencia Venezuela es que la reconstrucción necesita más que recursos: requiere transparencia, controles efectivos y rendición de cuentas para que la ayuda no se pierda en el camino.
