La misión de verificación de la ONU en Colombia seguirá en el país un año más, pero con un mandato más corto.
La misión de verificación de la ONU en Colombia seguirá en el país un año más, pero con un mandato más corto. El Consejo de Seguridad renovó este viernes 30 de octubre la misión que acompaña el Acuerdo de Paz de 2016 hasta 2027 y, al mismo tiempo, retiró de sus funciones el seguimiento a la reforma rural integral, el punto del acuerdo que ordena transformar el campo colombiano con acceso a tierras y desarrollo para las comunidades.
La resolución fue aprobada por unanimidad: los 15 miembros del Consejo, entre ellos la propia Colombia, votaron a favor. La decisión llegó un día antes de que el mandato vigente expirara, el 31 de octubre —el nuevo se extiende hasta el 31 de octubre de 2027— y acoge la propuesta que el propio Gobierno colombiano llevó al Consejo el pasado 12 de octubre. Desde ahora, la verificación internacional se concentrará en dos frentes: la reincorporación política, económica y social de los excombatientes de las FARC-EP y las garantías de seguridad para los firmantes de paz, sus familias, los líderes sociales y las comunidades.
La misión de verificación de la ONU en Colombia pierde el seguimiento a la tierra
La reforma rural integral no desaparece del Acuerdo de Paz: lo que cambia es quién la vigila. El canciller colombiano, Omar Bula, defendió ante el Consejo que el seguimiento de ese punto pase a las instituciones nacionales, porque Colombia —argumentó— cuenta con los instrumentos para continuar las políticas de acceso a la tierra y desarrollo rural con el acompañamiento de la cooperación internacional. «Lo que se propone no es modificar la obligación sustantiva del Estado ni el apoyo de nuestros socios, sino el mecanismo extraordinario de verificación», explicó el canciller.
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella sostiene que el desarrollo agrario trasciende la naturaleza temporal de una misión especial y debe gestionarse desde la institucionalidad permanente del Estado. La postura contó con el respaldo de Estados Unidos, según los debates previos a la votación, y el proyecto de resolución fue liderado por el Reino Unido, el país encargado del expediente colombiano en el Consejo.
Respaldo en el Consejo y una advertencia desde Panamá
La embajadora del Reino Unido ante la ONU, Sarah MacIntosh, defendió la resolución y celebró el compromiso colombiano con la reforma rural y su paso a las instituciones nacionales, con compromisos vinculados a la formalización de la propiedad de la tierra y la generación de oportunidades económicas. La representante adjunta de Estados Unidos, Tammy Bruce, aplaudió «reducir el alcance de la misión a su función principal: verificar la reintegración y las garantías de seguridad», y sostuvo que ese es el tipo de implicación que el Consejo debería buscar: gobiernos que asuman el liderazgo en lugar de mandatos interminables. La voz más cautelosa fue la del embajador de Panamá, Eloy Alfaro de Alba, que defendió la verificación internacional en materia de reforma agraria y confió en que el cambio «no suponga una reducción de la presencia territorial de la misión».
Un mandato que se estrecha año tras año
Es el segundo recorte consecutivo. En la renovación de 2025, adoptada con 13 votos a favor y las abstenciones de Rusia y Estados Unidos, la misión ya había dejado de verificar la justicia transicional —las sanciones restaurativas de la JEP— y el Capítulo Étnico del acuerdo, que reconoce los derechos de los pueblos indígenas y afrocolombianos. Entonces el mandato quedó en tres ejes y la reforma rural era uno de ellos; con la votación de este viernes, ese eje también sale de la verificación internacional.
La misión trabaja en Colombia desde 2017, cuando el Consejo de Seguridad la creó a petición de las partes para apoyar la implementación del Acuerdo Final firmado en 2016 entre el Estado y las FARC-EP. Colombia ocupa además un asiento no permanente en el propio Consejo durante el periodo 2026-2027, y la presidencia del organismo este mes de octubre corresponde a Grecia.
Lo que está en juego en los territorios
El recorte se decide en un momento delicado. El representante especial del secretario general de la ONU para Colombia, Miroslav Jenča, advirtió ante el Consejo que las comunidades siguen expuestas a múltiples actores armados y economías ilegales, y presentó cifras del propio Gobierno: los grupos armados ilegales pasaron de unos 15.000 integrantes en 2022 a aproximadamente 28.000, mientras el Clan del Golfo creció de unos 4.000 a más de 10.000 miembros.
Jenča recordó también que más de 11.000 excombatientes mantienen su compromiso con la reincorporación, con cerca de 6.000 proyectos productivos y 300 cooperativas, pero que la inseguridad amenaza esos avances: desde la firma del acuerdo en 2016 han sido asesinados 501 excombatientes, el más reciente el 22 de septiembre en el departamento del Cesar. «La paz sostenible requiere seguridad, y la seguridad requiere una presencia efectiva y duradera de las instituciones del Estado», afirmó el representante especial.
Con la renovación aprobada, la misión mantendrá su presencia territorial para verificar la reincorporación y la protección de los firmantes, mientras el futuro de la reforma rural —uno de los puntos más rezagados del acuerdo, según los propios informes de la ONU— quedará a partir de ahora bajo vigilancia exclusivamente nacional.
