El subsecretario de Justicia de Chile, Luis Silva, fue destituido este viernes 30 de octubre por decisión del presidente José Antonio Kast.
El subsecretario de Justicia de Chile, Luis Silva, fue destituido este viernes 30 de octubre por decisión del presidente José Antonio Kast, en medio de la mayor crisis política de su Gobierno: la firma de decretos que rebajaron las condenas de 56 condenados por delitos sexuales contra menores, que ya se encuentran en libertad. La salida del número dos del Ministerio de Justicia, revelada por La Tercera y confirmada después por el propio ministro Fernando Rabat, es la primera caída del Gabinete por el escándalo y convierte a Silva en la autoridad número 59 que abandona su cargo en los casi ocho meses de la administración Kast.
Silva, abogado y militante del Partido Republicano, había quedado en el centro de la controversia porque estampó su firma en varios de los decretos cuestionados mientras se desempeñaba como ministro subrogante. El detonante final fue un video que publicó el jueves en sus redes sociales, sin informar al ministro Rabat ni a los equipos de comunicaciones del Palacio de La Moneda, en el que justificó las rebajas y desató la molestia del Ejecutivo.
Subsecretario de Justicia: el video que aceleró la caída de Luis Silva
En el registro, Silva sostuvo que ni él ni el ministro buscaban que «ninguno de esos criminales salieran de la cárcel ni un solo día antes del cumplimiento de su condena» y que otorgar las rebajas no fue una decisión personal, sino la aplicación de lo que llamó la «doctrina Rabat»: una obligación legal frente a dictámenes de la Corte Suprema para evitar detenciones ilegales. El ahora exsubsecretario afirmó que no estimó necesario consultar el video con el ministro porque, según él, no decía nada distinto de lo que Rabat ya había expuesto el miércoles ante la Cámara de Diputados.
La explicación pública, hecha por cuenta propia, fue interpretada en La Moneda como un descuelgue de la línea oficial. Tras confirmarse la salida, Rabat expresó su «reconocimiento y gratitud a Luis Silva por su trabajo, compromiso y lealtad durante estos 8 meses» y lo calificó de estrecho colaborador, en un intento por cerrar la crisis sin romper con el sector republicano del oficialismo.
La Presidencia confirmó, además, la designación de la abogada Josefina Soto como nueva subsecretaria de Justicia en reemplazo de Silva, a quien el comunicado oficial agradeció «su trabajo y dedicación durante este tiempo en la Subsecretaría de Justicia».
56 condenados por delitos sexuales contra menores quedaron en libertad
El escándalo estalló la semana pasada, tras una publicación del medio digital Interferencia. Los decretos se firmaron en el marco de la ley que permite rebajar condenas a presos con buen comportamiento, una norma que en febrero de 2022 fue reformada precisamente para excluir de los beneficios a quienes cometieron crímenes sexuales contra menores. Lo que se cuestiona al Ministerio de Justicia es el criterio aplicado por Rabat, distinto al que mantuvieron sus antecesores en los gobiernos de Sebastián Piñera y de Gabriel Boric, que permitió que los 56 agresores salieran antes de tiempo.
Entre los beneficiados, según lo reconocido por el propio Silva en su video, también figuran exagentes de las Fuerzas Armadas condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura y extranjeros vinculados al crimen organizado. El caso que más indignación ha causado es el de un hombre condenado en 2009 a dos penas de 10 años por violar y abusar reiteradamente de su hija de 11 años: su salida de la cárcel se adelantó 36 meses, el mayor beneficio de los 56 casos. Varias víctimas contaron esta semana que se enteraron por televisión de que sus agresores ya estaban libres.
Kast admite que «el Estado falló», pero el ministro Rabat sigue en la mira
El presidente Kast admitió el lunes que la determinación fue «un error» y declaró que «el Estado falló» ante las víctimas, aunque ese día respaldó públicamente a Rabat y lo mantuvo en el cargo para corregir el procedimiento. La salida de Silva busca descomprimir el ambiente en el Congreso, donde la Cámara de Diputados ya aprobó un acuerdo para exigir la remoción de las autoridades del ministerio y la oposición anunció una interpelación y una acusación constitucional contra Rabat, que de prosperar podría inhabilitarlo por cinco años para ejercer cargos públicos.
La presión no es solo política. La Fiscalía Nacional derivó una denuncia a la Fiscalía Centro Norte para investigar un eventual delito de prevaricación administrativa del ministro Rabat y del propio Silva por la firma de los decretos. Mientras tanto, parlamentarios del oficialismo, sobre todo de la derecha moderada, insisten en que la crisis no se cierra con la salida del subsecretario y que el ministro también debería dejar el cargo.
La crisis golpea el corazón del discurso con el que Kast llegó a La Moneda el 11 de marzo de 2026: la mano dura contra la delincuencia. Que su propio Gobierno haya rebajado las condenas de decenas de agresores sexuales de menores contradice esa promesa y explica la velocidad con la que el escándalo escaló hasta convertirse en la peor crisis de su mandato, en una semana de crisis políticas en la región y en el mundo, como la que también sacude a Polonia, donde la policía rodea el Tribunal Constitucional. En Chile, la próxima pieza en discusión es el ministro Rabat: su continuidad, según admiten en el oficialismo, se mide ahora en días y depende de que la acusación constitucional no sume apoyos en el Congreso.
