La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela ha declarado inadmisible una acción de amparo interpuesta por el excandidato presidencial Enrique Márquez, en la que cuestionaba la presunta omisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) en la publicación de los resultados de las elecciones del 28 de junio.
El tribunal no solo rechazó el recurso, sino que también impuso sanciones a la abogada que asesoró a Márquez, calificando la acción como “temeraria”.
El TSJ emitió su decisión en una sentencia en la que se especifica que la segunda acción de amparo presentada por Márquez fue considerada infundada y carente de sustento legal.
En su fallo, el tribunal argumentó que la presentación del recurso no solo era improcedente, sino que además intentaba socavar la autoridad de las instancias electorales y generar desconfianza entre la ciudadanía.
Como parte de las sanciones impuestas, la abogada María Alejandra Díaz Marín, quien representó a Márquez en este proceso, fue condenada a pagar una multa equivalente a cien veces el tipo de cambio oficial de la moneda más fuerte, según lo establecido por el Banco Central de Venezuela.
Además, el TSJ ordenó su suspensión temporal del ejercicio profesional y el inicio de un procedimiento disciplinario ante el Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados.
La sentencia del TSJ señala que los señalamientos realizados en la acción de amparo “cuestionan e irrespetan la potestad” del tribunal electoral y del propio TSJ, lo que, según el organismo, puede generar “zozobra y conmoción” en la población.
Esta postura reafirma la intención del TSJ de proteger la integridad del proceso electoral y mantener la confianza en las instituciones.
Cabe recordar que esta no es la primera vez que Enrique Márquez intenta impugnar los resultados electorales.
En septiembre, presentó una primera acción que también fue declarada inadmisible. En esa ocasión, el TSJ defendió la legitimidad del proceso electoral, afirmando que el peritaje realizado sobre los resultados fue “impecable” y garantizó la integridad de los mismos.
La decisión del TSJ ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. Los partidarios de Márquez han criticado la medida, argumentando que se trata de un intento de silenciar las voces disidentes y limitar el derecho a la defensa en un contexto electoral ya cuestionado por muchos.
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Por otro lado, sectores afines al gobierno han celebrado la decisión del tribunal como un paso necesario para mantener el orden y la estabilidad institucional.
Con esta reciente decisión, el TSJ reafirma su postura frente a las impugnaciones electorales y muestra su compromiso con la defensa del proceso electoral en Venezuela.
La situación plantea interrogantes sobre el futuro político del país y cómo las acciones legales pueden influir en la percepción pública respecto a la legitimidad de las elecciones.
Mientras tanto, Enrique Márquez y su equipo legal enfrentan un nuevo revés en su lucha por cuestionar los resultados electorales, lo que podría complicar aún más su posición en el panorama político venezolano.
