El Gobierno de Perú declaró este lunes un toque de queda y control militar en el distrito de Pataz, tras el descubrimiento de 13 mineros muertos que habían sido reportados como secuestrados. La presidenta Dina Boluarte anunció la medida en un mensaje televisado, subrayando la gravedad de la situación en una región marcada por la violencia y la actividad minera ilegal.
Toque de queda en Pataz tras tragedia minera
Durante su intervención en cadena nacional, la presidenta Boluarte explicó que el toque de queda se implementará diariamente desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. «A raíz del acontecimiento de Pataz, como Gobierno decidimos que se declara el toque de queda en todo el distrito de Pataz. Las Fuerzas Armadas tomarán el control total en la zona de la minera la Poderosa», afirmó Boluarte.
Además, la mandataria anunció la instalación de una base militar en Pataz y la suspensión de actividades mineras en la región por un período de 30 días. Esta decisión busca facilitar el despliegue de fuerzas militares y policiales para garantizar la seguridad y restablecer el orden público en un área que ha sido escenario de múltiples incidentes violentos.
La provincia de Pataz, ubicada a aproximadamente 900 kilómetros de Lima y con una población cercana a los 88.000 habitantes, ha estado bajo estado de emergencia desde febrero de 2024 debido al alarmante aumento de la violencia asociada a la fiebre del oro. La situación se ha agravado en los últimos años, con numerosos informes sobre ataques y amenazas dirigidos a la empresa minera Poderosa, que ha denunciado estos hechos desde 2020.
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El hallazgo de los cuerpos de los 13 mineros, empleados de una firma contratista de Poderosa, se produjo en un socavón minero en Pataz, solo días después de que se denunciara su secuestro. Este trágico evento ha puesto de manifiesto el riesgo al que se enfrentan los trabajadores del sector y ha llevado al Gobierno a tomar medidas urgentes para proteger a la población y restaurar la seguridad.
Los grupos armados vinculados a actividades ilegales han intensificado su presencia en la región, lo que ha generado un clima de temor entre los habitantes y trabajadores mineros. La presidenta Boluarte enfatizó que es fundamental actuar con firmeza ante esta crisis, señalando que «la seguridad y la vida de nuestros ciudadanos son prioridad».
La situación en Pataz continúa siendo crítica, y las medidas anunciadas por el Gobierno reflejan una respuesta urgente a un problema que ha crecido desmesuradamente en los últimos años. Con el toque de queda y el despliegue militar, las autoridades esperan poder controlar la violencia y proteger a los mineros y residentes de una zona que ha sido golpeada por la inseguridad. La comunidad internacional y los organismos defensores de derechos humanos estarán atentos al desarrollo de estos acontecimientos, mientras que el futuro del sector minero en Perú se encuentra en una encrucijada peligrosa.
