La vida de más de medio millón de migrantes en Estados Unidos quedó en vilo este viernes, luego de que el Tribunal Supremo avalara la decisión de la Administración Trump de eliminar el programa parole humanitario. La medida afecta directamente a cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos (CHNV), quienes habían recibido permisos de residencia temporal por razones humanitarias y ahora enfrentan la amenaza de deportación y la incertidumbre sobre su futuro en el país.
El programa parole humanitario, implementado para responder a crisis humanitarias en países de América Latina y el Caribe, permitía a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en Estados Unidos por hasta dos años. Según cifras oficiales, unos 117.000 venezolanos pudieron ingresar legalmente al país gracias a este mecanismo, sumándose a decenas de miles de cubanos, haitianos y nicaragüenses que también encontraron una vía de escape a la violencia, la represión o la pobreza extrema en sus lugares de origen.
El fallo del Supremo, que da la razón a los argumentos de la Administración Trump, deja a estos migrantes en una situación de extrema vulnerabilidad. Ahora, muchos de ellos pasan a engrosar la lista de “deportables”, a pesar de haber construido una vida legal en Estados Unidos, con empleo estable y familias integradas en la sociedad.
El cierre del programa no solo tiene consecuencias humanitarias, sino también económicas. De acuerdo con la organización FWD.us, la expulsión de los beneficiarios supondría una pérdida anual de 5.500 millones de dólares en actividad económica para Estados Unidos. El informe advierte que “desmantelar los procesos del parole de CHNV a mitad de camino dañaría nuestra economía, socavaría las inversiones de los empleadores que contrataron a beneficiarios de CHNV confiando en las promesas del Gobierno y trastornaría las vidas de cientos de miles de familias, incluidos muchos ciudadanos estadounidenses”.
El mercado laboral estadounidense, ya tensionado por la escasez de mano de obra, sería uno de los sectores más golpeados. Según datos de la Oficina del Censo citados por FWD.us, a septiembre de 2024 había 240.000 beneficiarios de CHNV activos en el mercado laboral, distribuidos en sectores clave: 40.000 en manufactura, 30.000 en construcción, 30.000 en ocio y hostelería, y 30.000 en servicios de salud.
Murad Awawdeh, presidente y CEO de la New York Immigration Coalition, alertó sobre el efecto dominó que tendrá la sentencia: “Esta sentencia tendrá consecuencias devastadoras para cientos de miles de familias y afectará a nuestros lugares de trabajo, ya que las industrias pierden repentinamente a sus trabajadores”.
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El fallo se produce en un contexto de endurecimiento de la política migratoria, en el que el expresidente Trump ha reiterado su intención de deportar a más de 13 millones de indocumentados, lo que genera alarma entre comunidades migrantes y empleadores.
