El presidente ruso Vladimir Putin firmó este sábado, 23 de noviembre de 2024, una controvertida ley que prohíbe la adopción de niños rusos por parte de ciudadanos de países donde la transición de género es legal.
Esta medida se suma a otra legislación aprobada en el mismo día que prohíbe la difusión de material que aliente a las personas a no tener hijos, en un contexto más amplio de políticas que refuerzan los valores tradicionales y suprimen los derechos de las minorías sexuales en Rusia.
La nueva ley, que ya había sido aprobada por ambas cámaras del Parlamento ruso, se enmarca dentro de una serie de iniciativas legislativas que han buscado limitar los derechos de la comunidad LGBTQ+ y promover una visión conservadora de la familia.
Vyacheslav Volodin, presidente de la Duma Estatal y uno de los principales impulsores del proyecto de ley, expresó en Telegram que es «extremadamente importante eliminar los posibles peligros en forma de reasignación de género que los niños adoptados pueden enfrentar en estos países».
La prohibición se aplicará a al menos 15 países, principalmente en Europa, así como a Australia, Argentina y Canadá. Cabe recordar que la adopción de niños rusos por ciudadanos estadounidenses ya había sido prohibida en 2012, lo que refleja un patrón creciente de aislamiento y desconfianza hacia Occidente.
Los promotores de estas leyes argumentan que las críticas a la adopción son parte de un esfuerzo más amplio por debilitar a Rusia y fomentar un descenso poblacional.
En un contexto donde la población rusa ha estado disminuyendo, Putin ha intensificado su retórica en defensa de la familia tradicional.
En los últimos años, ha instado a las mujeres a tener más hijos, sugiriendo incluso que es necesario tener hasta ocho. Este llamado a la natalidad se produce mientras el Kremlin busca contrarrestar las tendencias demográficas desfavorables mediante políticas que promueven la familia y limitan las influencias externas consideradas «liberales».
Además, esta nueva legislación se suma a un conjunto más amplio de restricciones impuestas en los últimos años. En 2023, Rusia prohibió los procedimientos médicos relacionados con la transición de género y su Tribunal Supremo catalogó al movimiento LGBTQ+ como extremista.
Asimismo, en 2022, Putin firmó una ley que prohíbe la distribución de información sobre temas LGBTQ+ a personas de todas las edades, ampliando una prohibición existente desde 2013 que se limitaba a menores.
Las decisiones recientes del Kremlin han sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional.
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Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado estas medidas como un ataque directo a los derechos fundamentales y han advertido sobre el impacto negativo que estas políticas tienen en las comunidades LGBTQ+ y en los niños adoptivos.
La firma de estas leyes por parte de Vladimir Putin marca un nuevo capítulo en la política social rusa, caracterizado por un enfoque cada vez más autoritario hacia las cuestiones relacionadas con el género y la familia.
Al reforzar una narrativa centrada en los valores tradicionales y al limitar los derechos de las minorías sexuales, el Kremlin busca consolidar su poder interno y desafiar las influencias occidentales.
Con estas medidas, Rusia se aleja aún más del diálogo sobre derechos humanos y diversidad, creando un entorno cada vez más hostil para quienes no se ajustan a sus normas sociales estrictas.
