Prisión preventiva para Santiago Peña: un juez paraguayo ordenó este sábado.
Prisión preventiva para Santiago Peña: un juez paraguayo ordenó este sábado que el expresidente permanezca preso mientras avanza la investigación por el colapso de Ueno Bank, la crisis bancaria que días atrás provocó su destitución y que dejó a millones de ahorristas sin acceso a su dinero. La decisión convierte el pedido de la Fiscalía en una orden judicial firme y mantiene al exmandatario recluido en un cuartel militar de Asunción.
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú resolvió tras la audiencia de imposición de medidas que Peña «debe estar bajo la figura de la prisión preventiva para garantizar su sometimiento a este procedimiento», según explicó a periodistas. El magistrado añadió que el expresidente, de 47 años, «se abstuvo de declarar» durante la audiencia y que existía riesgo de fuga.
Prisión preventiva para Santiago Peña en el Regimiento Escolta Presidencial
Otazú ordenó que Peña continúe recluido en el Regimiento Escolta Presidencial, la unidad militar donde pasó la noche del viernes tras hacerse efectiva su detención, y puntualizó que no será trasladado a una cárcel común: como expresidente, argumentó, «maneja demasiada información sensible» en asuntos como el crimen organizado. Peña había sido arrestado el viernes en su residencia de Asunción, menos de una hora después de que el Senado lo destituyera en un juicio político por «mal desempeño de funciones».
Horas antes de la audiencia, la Fiscalía había acusado formalmente a Peña por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor. Era el paso que la Fiscalía completó este mismo sábado al pedir la prisión preventiva y la inhibición de bienes del exmandatario, una solicitud que el juez Otazú concedió al término de la indagatoria, que se prolongó por más de tres horas.
La imputación: fondos públicos en un banco de su antiguo grupo
Según el documento de imputación, Peña habría intervenido en la colocación, la renovación y la permanencia de importantes sumas de dinero de entidades públicas y previsionales en Ueno Bank, una entidad con cuyo grupo empresarial mantuvo una relación económica y corporativa previa: fue accionista de Ueno Holding, el conglomerado que controlaba el banco, hasta que vendió esa participación en marzo de 2025. La Fiscalía sostiene además que el banco recibió esos recursos mientras desarrollaba operaciones crediticias con sociedades presuntamente vinculadas a su grupo, con irregularidades detectadas por los órganos de supervisión del Banco Central.
El abogado de Peña, Ricardo Preda, rechazó las acusaciones y sostuvo ante la prensa que «el presidente no es quien directamente le dice a un ministro a qué banco hacer su depósito». La imputación alcanza también al expresidente del Banco Central Carlos Carvallo, acusado de lesión de confianza, producción de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, para quien la Fiscalía pidió igualmente la prisión preventiva.
Una crisis con 2,94 millones de clientes afectados
La crisis estalló el 3 de noviembre, cuando el Banco Central intervino Ueno Bank por problemas de solvencia. La entidad administraba las cuentas de unos 2,94 millones de clientes, entre ellos jubilados, empresas e instituciones estatales con fondos millonarios congelados; solo el Instituto de Previsión Social había invertido unos 355 millones de dólares en la entidad, que además administraba las cuentas de unos 32.000 jubilados. El nuevo presidente, Pedro Alliana, que asumió el viernes tras la destitución, informó este sábado que ya se realizaron pagos a 1.196.000 cuentas por unos 160 millones de dólares, dentro del operativo para devolver los depósitos a los afectados.
Con la orden de Otazú, Peña se convierte en el expresidente paraguayo que afronta preso el proceso por la mayor crisis bancaria del país: destituido el viernes, detenido esa misma noche e imputado el sábado, ahora esperará el avance de la investigación bajo prisión preventiva, con la presunción de inocencia vigente pero sin la libertad que su defensa buscaba.
