El gobierno de Nicaragua ha tomado la medida de cancelar la personería jurídica de 1,500 organizaciones no gubernamentales (ONG), lo que representa un golpe significativo a la sociedad civil del país. Esta decisión, anunciada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, se formalizó a través de un acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta.
ONGs en Nicaragua
La medida afecta a una amplia gama de entidades, incluidas organizaciones católicas, defensoras de la diversidad sexual, educativas y sociales, así como asociaciones de militares retirados. Desde las protestas de abril de 2018, más de 5,200 ONG han sido disueltas en Nicaragua, marcando un hito en la historia del país al ilegalizar tantas organizaciones en un solo acto.
La cancelación de estas ONG en Nicaraguase produce en un contexto de creciente control gubernamental y represión política. Tres días antes de esta decisión, el Ejecutivo sandinista había anunciado reformas que obligan a las ONG a formar «alianzas de asociación» con instituciones estatales para poder llevar a cabo sus proyectos. La vicepresidenta Rosario Murillo explicó que este nuevo modelo operativo busca una mayor integración con el gobierno, lo que ha generado preocupación sobre la autonomía de estas organizaciones.
La falta de reportes financieros detallados durante períodos que varían de 1 a 35 años fue la justificación principal del gobierno para esta cancelación. Según la resolución del Ministerio del Interior, las ONG no cumplieron con sus obligaciones de transparencia, lo que dificultó el control y vigilancia por parte de las autoridades. Esta falta de cumplimiento se ha utilizado como argumento por algunos diputados sandinistas, quienes sostienen que las ONG afectadas utilizaron recursos para intentar derrocar al presidente Daniel Ortega durante las manifestaciones de 2018.
Entre las organizaciones afectadas se encuentran la Asociación Caritas Diocesana de Granada, la Asociación Mariana del Santuario de la Virgen de Cuapa y la Asociación por los Derechos de la Diversidad Sexual Nicaragüense. La disolución de estas entidades no solo afecta a sus operaciones, sino que también implica el traspaso de sus bienes muebles e inmuebles al Estado, un proceso que será supervisado por la Procuraduría General de la República.
Lea también: Sujetos armados asesinan a venezolano de 30 años frente a su familia en Bogotá
Este cierre masivo de ONG se suma a un ambiente de represión que ha caracterizado a Nicaragua desde las protestas de 2018, que dejaron más de 360 muertos y miles de heridos. Las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato en medio de acusaciones de fraude y represión, han intensificado esta crisis política y social.
Con la disolución de estas organizaciones, el gobierno de Ortega busca consolidar su control sobre la sociedad civil, limitando la capacidad de estas entidades para operar de manera independiente.
