La desaparición de cuatro adolescentes en Guayaquil ha generado una ola de indignación y preocupación tanto a nivel local como internacional. El hecho, ocurrido el 8 de diciembre, ha llevado a la Fiscalía de Ecuador a abrir una investigación que involucra a las fuerzas militares, mientras el gobierno atribuye la responsabilidad a grupos delincuenciales.
Los adolescentes, identificados como Josué e Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina, todos de entre 11 y 15 años, desaparecieron en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil, cuando salieron a jugar fútbol. Según informes, hombres vestidos con uniformes militares los interceptaron y se los llevaron en una camioneta.
La familia de los menores ha denunciado que uno de ellos logró comunicarse con su padre durante el secuestro, afirmando que habían sido capturados por personas que se hacían pasar por militares. Esta llamada desató una serie de eventos que culminaron en la denuncia formal ante las autoridades.
Luis Arroyo, padre de dos de los adolescentes desaparecidos, relató que recibió una llamada inquietante donde uno de sus hijos le explicó que habían sido llevados por hombres armados. «Se bajaron como locos, nos persiguieron, hicieron disparos al aire», narró el padre al canal Ecuavisa. Desde entonces, no han tenido noticias sobre el paradero de los jóvenes.
La Fiscalía ecuatoriana ha tomado el control del caso y ha trasladado la investigación a Quito, específicamente a la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza. En un comunicado en su cuenta oficial de X (anteriormente Twitter), la Fiscalía informó sobre su compromiso para esclarecer las circunstancias detrás de esta desaparición.
El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, expresó su «indignación y preocupación» por lo sucedido e indicó que grupos delincuenciales son responsables del hecho. Sin embargo, esta declaración ha sido recibida con escepticismo por parte de organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch (HRW), que han denunciado violaciones sistemáticas de derechos humanos en Ecuador en el contexto del conflicto armado interno declarado por el gobierno.
El almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, también se pronunció sobre el asunto. Aseguró que se descarta cualquier participación directa del personal militar en la desaparición y prometió total transparencia en las investigaciones. «Las fuerzas armadas no van a interferir en las investigaciones», afirmó Vela.
Ante la falta de avances significativos en la búsqueda de los adolescentes, el Comité Permanente por los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil ha presentado una demanda de hábeas corpus y ha solicitado la intervención del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU. El comité exige que se investigue este caso como una desaparición forzada y no simplemente como un presunto secuestro.
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El Congreso ecuatoriano ha llamado a comparecer a Loffredo y Vela para que informen sobre las acciones tomadas hasta ahora respecto a este caso. La presión social está aumentando; se han convocado manifestaciones para exigir respuestas claras y efectivas del gobierno.
Este incidente no es aislado; Ecuador enfrenta un aumento alarmante en la violencia relacionada con bandas criminales que operan impunemente. Desde enero hasta noviembre de 2024, la Fiscalía recibió múltiples denuncias por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La situación se agrava con el uso frecuente por parte de grupos criminales de uniformes similares a los de las fuerzas armadas para llevar a cabo sus operaciones delictivas.
