La crisis eléctrica en Venezuela volvió este martes al centro del discurso oficial. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que el alivio frente a los apagones llegará pronto y cuestionó las protestas con quema de neumáticos que se han repetido en distintas regiones del país durante el último año.
Rodríguez sostuvo que quemar un neumático no ha incorporado ni un solo megavatio al Sistema Eléctrico Nacional, al que describió como muy afectado por el bloqueo. Invitó, en cambio, a trabajar para recuperar ese sistema y atribuyó el daño sufrido por el país a las sanciones que, según afirmó, pidieron sectores radicales de Venezuela.
Las declaraciones en medio de la crisis eléctrica en Venezuela
Las declaraciones se produjeron en un encuentro con campesinos, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Allí, la mandataria encargada reconoció la labor de los trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), de quienes aseguró que trabajan sin descanso para atender las fallas del servicio.
Venezuela atraviesa una crisis eléctrica desde hace más de una década, pero en el último año los apagones aumentaron y provocaron protestas nocturnas en distintas regiones. La oposición y los expertos atribuyen la situación a la corrupción y a la falta de mantenimiento del sistema, mientras el Gobierno la achaca a las sanciones económicas, al fenómeno climático El Niño y a supuestos sabotajes.
Los 7.400 megavatios y la reforma de la ley eléctrica
El pasado 8 de octubre, Rodríguez había anunciado la incorporación, a mediano plazo, de unos 7.400 megavatios de energía al Sistema Eléctrico Nacional, como parte de acuerdos suscritos este año con la empresa estadounidense General Electric y la argentina Impsa. Ese anuncio es, hasta ahora, la principal apuesta oficial para reforzar la generación del país.
La presidenta encargada dijo también que espera que, antes de que termine el año, el Parlamento avance con la segunda discusión de la reforma de la ley del sistema eléctrico, cuyo objetivo es facilitar la participación privada en proyectos y empresas hasta ahora controladas por el Estado. Ese debate fue aplazado el pasado jueves, en la sesión ordinaria del Parlamento, hasta una fecha por definir.
