Las familias desplazadas en Haití volvieron a salir a la calle este martes en Puerto Príncipe para exigir ayuda económica.
Las familias desplazadas en Haití volvieron a salir a la calle este martes en Puerto Príncipe para exigir ayuda económica y garantías de seguridad que les permitan abandonar los campamentos y regresar a los barrios de los que huyeron por la violencia de las bandas armadas. La protesta, que había comenzado el lunes, continuó con barricadas en varias calles y la quema de neumáticos que interrumpió el tráfico en puntos de la capital.
Los manifestantes viven alojados en los campamentos instalados en Argentine Bellegarde, en la sede del Ministerio de Comunicación y en las oficinas de Seguros de Vejez y de Asuntos Sociales. Con la movilización buscan denunciar la precariedad de sus condiciones de vida e instar a las autoridades a encontrar una solución a su desplazamiento forzado, según reportó la agencia EFE.
Familias desplazadas en Haití: «Queremos el dinero para volver a nuestros barrios»
En el campamento de Argentine Bellegarde, Philippe Macénat, padre de tres hijos, mostró a EFE las picaduras de mosquitos que cubren su cuerpo y explicó que ya no soporta las condiciones impuestas a su familia desde que tuvo que dejar su casa por la violencia de las bandas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe. «Huí de mi casa en Carrefour-Feuilles, donde vivía cómodamente con mi familia. Hoy me siento como alguien que nunca ha hecho ningún esfuerzo en su vida. Le corresponde al Estado permitirme regresar a mi hogar», declaró.
«No pedimos comida ni ninguna otra cosa. Queremos el dinero que nos permita abandonar el campamento y volver a vivir en nuestros barrios», insistió Macénat, cuya prioridad es contar con los medios para reacondicionar su vivienda y recuperar una vida familiar normal.
El reclamo de los 100.000 gourdes
Los desplazados reclaman los 100.000 gourdes (unos 763 dólares) que el Estado haitiano y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) otorgan a las familias afectadas por el cierre de algunos campamentos, con el fin de ayudarles a encontrar otra vivienda. «Esos 100.000 gourdes son lo que espero para poder realizar algunas pequeñas reparaciones en mi casa y volver a vivir allí con mi familia», explicó por su parte Marielourde Pierre, quien lamentó que varios campamentos de la zona hayan sido cerrados mientras las familias de otros asentamientos siguen esperando una solución.
Más allá del dinero, los manifestantes exigen garantías de seguridad: para estas familias, recibir una suma no es suficiente si la violencia armada sigue amenazando sus barrios. «No abandonaremos la calle hasta que el Estado se siente con nosotros para decirnos cuándo se desmantelarán los campamentos, de modo que cada uno pueda buscar un lugar donde vivir. Estamos cansados de vivir hacinados unos sobre otros, en medio de la basura», afirmó Jonh Philogène. El hacinamiento, la exposición a los residuos y los problemas de higiene marcan el día a día en los campamentos.
Gases lacrimógenos para dispersar la protesta
Ante la movilización, la policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y obligarlos a abandonar el lugar. Los bomberos intervinieron para apagar los neumáticos en llamas y un tractor fue usado para retirar las barricadas y los escombros que obstaculizaban la circulación. A pesar de la intervención, los desplazados mantienen su determinación de continuar la protesta hasta que las autoridades se reúnan con ellos y les ofrezcan soluciones.
La movilización se produce en un contexto de creciente descontento entre las personas obligadas a huir de sus hogares por la violencia de las bandas armadas, una crisis que incluso ha puesto en duda la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas previstas para el 13 de diciembre próximo. La semana pasada, desplazados de un campamento del sector de Delmas 33 también se manifestaron para denunciar sus condiciones de vida y exigir al Estado que asuma sus responsabilidades.
Mientras esperan una respuesta, estas familias se enfrentan a una difícil elección: seguir viviendo en condiciones precarias o intentar regresar a barrios donde su seguridad aún no está garantizada frente a las bandas, que son combatidas por la Fuerza de Supresión de Pandillas creada hace un año por el Consejo de Seguridad de la ONU, cuyo despliegue llegará a 5.500 efectivos en tres meses, según República Dominicana.
