El TPS para venezolanos volverá a estar en pie el próximo 6 de noviembre. Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito negó este viernes 30 de octubre la petición del Gobierno del presidente Donald Trump de mantener suspendido el fallo que declaró ilegal la cancelación anticipada del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela, según reportó Bloomberg Law.
La clave está en el calendario: la suspensión que la Corte Suprema impuso el 3 de octubre de 2025 sobre esa sentencia vence el 6 de noviembre, y el panel se negó a prolongarla. Salvo que la Corte Suprema intervenga de nuevo en los próximos días, cientos de miles de venezolanos recuperarán ese día la protección contra la deportación y la vigencia de sus permisos de trabajo, mientras el litigio de fondo continúa.
Qué cambia para los beneficiarios del TPS para venezolanos
La sentencia que volverá a tener efectos la dictó el 5 de septiembre de 2025 un tribunal federal de distrito en el caso National TPS Alliance contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Aquella decisión concluyó que la entonces secretaria Kristi Noem se extralimitó en sus competencias al anular la prórroga del TPS que había sido concedida a Venezuela y, en su lugar, poner fin anticipado a la designación del país.
El camino judicial ha sido largo. En enero de 2025, Noem dejó sin efecto la extensión de 18 meses aprobada por la administración anterior. La Corte Suprema suspendió dos veces los efectos de los fallos favorables a los beneficiarios, en mayo y en octubre de 2025, y el pasado 5 de octubre anuló el fallo de fondo del Noveno Circuito y devolvió el caso para reanalizarlo a la luz de su precedente de junio de 2026 en Mullin contra Dahlia Doe. Lo que se disputaba ahora era únicamente si la suspensión seguiría viva más allá del 6 de noviembre, y el panel respondió que no.
«Ante el brutal ataque de este Gobierno, la victoria de hoy nos da nuevas fuerzas para luchar por los derechos que han conquistado las generaciones anteriores de inmigrantes: poder vivir y trabajar sin miedo en el lugar al que llamamos hogar», celebró José Palma, coordinador de la Alianza Nacional TPS. La abogada de los demandantes Jessica Bansal, de la Red Nacional de Organización de Jornaleros, recordó que la cancelación «privó a más de medio millón de refugiados de su estatus migratorio legal».
Todavía deben precisarse los efectos administrativos de la medida: cómo reactivará el DHS los registros de los beneficiarios y sus documentos de autorización de empleo. Desde que la protección quedó suspendida, la Alianza ha documentado detenciones y deportaciones de beneficiarios, entre ellos casos de venezolanos enviados a terceros países sin vínculos previos, como el de Marilú Paredes, deportada a África. El Noveno Circuito también frenó esta semana otra medida del Gobierno al mantener el conteo de 20.000 votos en California.
