El arresto de Romer Saucedo ya es una orden formal en Bolivia.
El arresto de Romer Saucedo ya es una orden formal en Bolivia. La Fiscalía General confirmó este miércoles que existe un mandamiento de aprehensión vigente contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dentro de una investigación por presunto tráfico de sustancias controladas y organización criminal, un día después de que el magistrado anunciara que había salido del país junto con su familia.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, confirmó ante los medios que la orden «es efectiva» y que fue firmada por los fiscales del caso. La resolución, fechada el martes 3 de noviembre en La Paz, lleva las firmas de Daniel Portales Barja y Edwin Alfonso Sarmiento Valdivia, integrantes de la comisión especializada en delitos de narcotráfico y legitimación de ganancias ilícitas.
El arresto de Romer Saucedo se ordenó antes de su salida de Bolivia
El requerimiento fiscal se emitió al amparo del artículo 226 del Código de Procedimiento Penal y sostiene que existen indicios para considerar a Saucedo probable autor de los hechos investigados. La investigación cita el artículo 48 de la Ley 1008, que sanciona el tráfico de sustancias controladas con penas de 10 a 25 años de presidio, y el artículo 132 bis del Código Penal, referido al delito de organización criminal.
La fecha de la resolución es clave: la orden se firmó un día antes de que Saucedo comunicara públicamente, el miércoles 4 de noviembre, que había abandonado Bolivia con su esposa y sus tres hijos, alegando que su libertad y su vida estaban en peligro. En esa primera reacción, el magistrado aseguró que no existían procesos abiertos en su contra, tal como recogió La Noticia De Hoy al anunciar su salida del país.
Dos o tres investigaciones y gestiones ante Interpol
Urioste precisó que existen entre dos y tres investigaciones abiertas contra Saucedo en Santa Cruz y que la Fiscalía inició las gestiones para obtener una eventual notificación roja de Interpol, el mecanismo de búsqueda y detención internacional. El funcionario aclaró que las investigaciones se mantienen en reserva por la existencia de testigos protegidos, por lo que todavía no se conocen los hechos concretos que vincularían al magistrado con las actividades investigadas.
Según la información que maneja la Fiscalía, Saucedo retornó al país el martes tras un viaje al exterior y después se habría desplazado por tierra fuera de Bolivia, sin que conste un registro formal de su salida. El propio TSJ resolvió darle los seis días que establece la ley para que retome sus funciones en Sucre, la capital constitucional y sede del Órgano Judicial; si no lo hace, la sala analizará las acciones legales por un posible abandono del cargo.
El Gobierno de Rodrigo Paz y el vínculo con el caso Mariaca
El viceministro de Régimen Interior y Policía, Peter Maldonado, relacionó la salida de Saucedo con el caso del exfiscal general Roger Mariaca, encarcelado y destituido en octubre bajo acusaciones de liderar una organización criminal que protegería al narcotráfico. «Muchos de los cómplices de Mariaca están escapando», afirmó el funcionario.
El presidente Rodrigo Paz, que se encuentra en Madrid para participar en la XXX Cumbre Iberoamericana —el foro que esta semana reúne a varios líderes de la región, como muestra la llegada por sorpresa del presidente ucraniano a España—, calificó la salida de Saucedo como una «penosa noticia, pero alentadora a futuro», y la atribuyó a las acusaciones e investigaciones que pesan sobre el sistema judicial boliviano.
Saucedo, de 38 años, fue el magistrado más votado de Santa Cruz en las elecciones judiciales de 2024, con más de 700.000 votos, y presidía el TSJ desde enero de 2025. El pasado 15 de octubre presentó su renuncia a la presidencia del tribunal con efecto en enero de 2027, aunque tras su salida ratificó que no dejará de ser magistrado. La orden de aprehensión no implica una declaración de culpabilidad: es una medida del Ministerio Público dentro de una investigación en curso, y el magistrado sostiene que es víctima de una persecución política por cuestionar al poder.
