El partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) ha sido oficialmente clasificado como una organización extremista por la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), el servicio de inteligencia interno alemán encargado de salvaguardar el orden constitucional del país.
Esta decisión, anunciada el 2 de mayo de 2025 tras una investigación exhaustiva de tres años y un informe de más de 1,100 páginas, marca un hito en la política alemana al extender a nivel nacional una calificación que hasta ahora solo aplicaba en algunos estados federados del este del país, como Turingia y Sajonia-Anhalt.
La BfV fundamenta su decisión en que el AfD sostiene un concepto del pueblo alemán basado en la ascendencia étnica, incompatible con el orden democrático libre establecido en Alemania. Según el informe, el partido promueve una visión excluyente que discrimina a grupos poblacionales, especialmente inmigrantes y musulmanes, a quienes se les niega la igualdad de derechos y se les asigna un estatus subordinado legalmente inaceptable.
La agencia de inteligencia también destaca las declaraciones xenófobas, islamófobas y anti-minorías realizadas por altos dirigentes del AfD, así como sus vínculos con la extrema derecha.
El AfD, que en las elecciones federales de febrero de 2025 obtuvo el 20.8% de los votos, convirtiéndose en la segunda fuerza política del Bundestag detrás de la coalición CDU/CSU liderada por el futuro canciller Friedrich Merz, ha sido objeto de controversias reiteradas.
Entre ellas, la minimización del nazismo por parte de sus líderes, con comentarios que califican la era nazi como “una mierda” en la historia alemana o que justifican la invasión de Polonia por Hitler. Además, el partido estuvo implicado en un informe sobre un supuesto plan para deportar masivamente a millones de ciudadanos.
La clasificación como organización extremista otorga a las autoridades mayores facultades para vigilar al AfD, incluyendo la interceptación de comunicaciones telefónicas y el uso de agentes encubiertos. También puede reactivar iniciativas para prohibir al partido y limitar su acceso a financiamiento público, prohibido constitucionalmente para formaciones que amenazan el orden democrático liberal.
Esta medida representa un desafío para el cordón sanitario que otros partidos han mantenido para evitar cualquier cooperación con la extrema derecha.
En respuesta, los líderes del AfD, Alice Weidel y Tino Chrupalla, han denunciado la decisión como un “duro golpe a la democracia alemana” y una maniobra con motivaciones políticas destinada a desacreditar a la principal fuerza de la oposición. Han prometido defenderse jurídicamente contra lo que califican de difamaciones y han acusado a las autoridades de intervenir políticamente en el proceso.
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Por su parte, la ministra del Interior saliente, Nancy Faeser, ha defendido la independencia del informe de la BfV, asegurando que no hubo ninguna influencia política en la decisión. Faeser subrayó que el AfD lleva a cabo una campaña contra el orden democrático, promoviendo una visión étnica que discrimina a ciudadanos con historia migratoria y expresando abiertamente actitudes racistas, especialmente contra inmigrantes y musulmanes.
