Osgual González, un preso político de 43 años, falleció la noche del domingo 15 de diciembre en la cárcel de Tocuyito, estado Carabobo, bajo custodia del Estado venezolano. Su muerte se suma a una serie de incidentes trágicos que han suscitado preocupaciones sobre la atención médica y las condiciones de los detenidos en el contexto de las protestas poselectorales que han marcado el panorama político del país tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
González fue arrestado durante las manifestaciones que siguieron a las elecciones, en un clima de represión hacia quienes se oponen al gobierno. Según informes de sus familiares, Osgual había estado experimentando un fuerte malestar, describiendo síntomas severos como dificultad para respirar y un abdomen inflamado. “Siento algo adentro que me ahoga, que no me deja respirar bien”, le había dicho a sus seres queridos la semana pasada.
A pesar de sus quejas y la evidente gravedad de su estado, las autoridades del penal solo le proporcionaron analgésicos y no le realizaron un diagnóstico adecuado.Los familiares denunciaron que Osgual presentaba signos visibles de enfermedad grave: piel amarilla, labios morados y fuertes dolores abdominales. Aunque ellos sospechaban que podría estar padeciendo hepatitis, los médicos del recinto penitenciario diagnosticaron un cólico nefrítico.
Esta discrepancia en el diagnóstico ha generado indignación entre los allegados de González, quienes reiteradamente solicitaron su traslado a un hospital para recibir atención médica especializada, solicitud que fue ignorada por las autoridades penitenciarias.
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Organizaciones no gubernamentales como el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) confirmaron su fallecimiento y denunciaron la falta de atención médica adecuada en las cárceles del país. Este caso se suma a los de otros presos políticos que han perdido la vida bajo circunstancias similares, como Jesús Martínez Medina y Jesús Rafael Álvarez, quienes también murieron en condiciones cuestionables tras ser detenidos en el contexto electoral.
La situación ha llevado a los familiares y defensores de derechos humanos a exigir justicia y responsabilidad por parte del Estado. La madre de Osgual expresó su dolor y frustración: “No solo perdí a mi hijo, sino que también perdí la fe en un sistema que debería protegerlo”.
