El aborto en Andorra podría dejar de ser un delito para las mujeres.
El aborto en Andorra podría dejar de ser un delito para las mujeres. El Gobierno del principado presentó este miércoles 28 de octubre ante la prensa un proyecto de ley que despenaliza parcialmente la interrupción voluntaria del embarazo en un país donde está prohibida en todos los supuestos, sin excepciones, y donde someterse a ella puede costarle a la mujer hasta seis meses de prisión.
El texto, que todavía debe ser aprobado por el Parlamento andorrano, modifica el artículo 117 del Código Penal, el que castiga la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). El cambio es concreto: la protección de la vida, sostiene el Gobierno, no puede hacerse a costa de criminalizar a la mujer que decide interrumpir su embarazo.
Aborto en Andorra: qué cambia y qué queda igual
La reforma tiene un alcance deliberadamente acotado. Para las mujeres, desaparecería la pena de hasta seis meses de cárcel vigente hasta ahora. Para los médicos, en cambio, la situación seguirá siendo la misma: quienes practiquen un aborto se exponen a penas de hasta tres años de prisión y cinco años de inhabilitación profesional, por lo que, en la práctica, el procedimiento seguiría sin poder realizarse dentro del principado.
Enclavado entre Francia y España, el Principado de Andorra es, junto con el Vaticano, el único Estado de Europa que prohíbe totalmente el aborto. Su estructura institucional también es singular: sus copríncipes son el presidente de Francia y el obispo de la ciudad española fronteriza de Urgell, una particularidad que ha marcado durante décadas el debate sobre esta materia en el pequeño país pirenaico, de poco más de 80.000 habitantes.
Un texto negociado con la Santa Sede
El proyecto de ley es el resultado de un proceso de negociaciones con la Santa Sede, subrayó el ministro andorrano de Relaciones Institucionales, Ladislau Baró, durante la presentación. De acuerdo con Baró, el artículo 117 del Código Penal será modificado para «adoptar una posición clara: considerar que la protección de la vida, que constituye para nosotros un mandato constitucional, no puede pasar por la criminalización de la mujer que toma la decisión de interrumpir su embarazo».
Esa negociación con el Vaticano explica la fórmula escogida: despenalizar a la mujer sin legalizar la práctica médica. El Gobierno del jefe del Ejecutivo, Xavier Espot Zamora, busca así mover una línea que no se había tocado en el principado, sin romper el equilibrio institucional con sus copríncipes. El debate europeo sobre derechos y legislación avanza en varias direcciones a la vez: mientras Andorra discute este paso, el Senado francés aprobó esta misma semana una ley más dura contra los saqueos y los disturbios, y la agenda continental sigue marcada por la guerra, con movimientos como la visita de Zelenski a La Haya y el anuncio neerlandés de 1.200 millones de euros de ayuda a Ucrania.
Lo que falta: el voto del Parlamento
El proyecto presentado este miércoles es solo el primer paso. El texto debe superar todavía la tramitación y el voto del Consell General, el Parlamento andorrano, donde se medirá si la fórmula pactada con la Santa Sede reúne la mayoría necesaria. Si se aprueba, Andorra dejará de castigar con prisión a sus ciudadanas por abortar y el Vaticano quedará como el único Estado europeo con una prohibición penal total y sin matices.
Por ahora, la ley vigente sigue intacta: abortar en Andorra es delito en todos los supuestos, para la mujer y para el médico. Lo que cambió este miércoles es que, por primera vez, el propio Gobierno del principado puso por escrito y presentó en público el camino para dejar de tratarlo así.
