La represión en Irán se intensificó bajo la cobertura de la guerra y la población quedó atrapada entre los bombardeos externos.
La represión en Irán se intensificó bajo la cobertura de la guerra y la población quedó atrapada entre los bombardeos externos y la mano dura de sus propias autoridades. Así lo denunció este miércoles en Ginebra Mai Sato, relatora especial de la ONU sobre los derechos humanos en Irán, al presentar su informe ante la Asamblea General: al menos 34 personas han sido ejecutadas en relación con las protestas de diciembre y enero.
«La seguridad frente a un ataque externo y la protección frente a las violaciones de derechos en casa no son alternativas», afirmó Sato. «El pueblo de Irán hoy no tiene ninguna de las dos. Miles de familias han vivido la pérdida y el trauma, por los bombardeos militares o por el uso de la fuerza letal y las ejecuciones de las autoridades».
Represión en Irán: 34 ejecutados y juicios de minutos
El informe cubre el periodo de febrero a agosto de 2026, posterior a las protestas de diciembre y enero, y describe una etapa de presión creciente sobre las familias, con detenciones, juicios y ejecuciones continuas vinculadas a aquellas movilizaciones. Según la relatora, los manifestantes fueron presentados como agentes de los Estados atacantes y la expresión pacífica pasó a perseguirse como una amenaza a la seguridad nacional, en algunos casos con pena de muerte.
El debido proceso, ya frágil, se deterioró con fuerza: audiencias en línea que duran apenas unos minutos, confesiones forzadas difundidas a los pocos días de la detención y decenas de acusados juzgados a la vez en causas capitales. «La guerra ha dado cobertura a las autoridades para intensificar la persecución y endurecer la represión», advirtió Sato.
Miles de muertos desde los ataques del 28 de febrero
Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron sus ataques el 28 de febrero, calificados de ilegales por la experta, miles de personas han muerto en Irán, entre ellas las víctimas de un devastador bombardeo estadounidense contra una escuela primaria en Minab y de otro cerca de un centro deportivo y viviendas en Lamerd, dos casos investigados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU. En septiembre, esa misión concluyó que existen «motivos razonables» para creer que ambos ataques podrían constituir crímenes de guerra, una conclusión que la Casa Blanca rechazó.
Los apagones de internet impuestos por las autoridades iraníes dejaron además a la población más expuesta a los bombardeos, sin poder informarse sobre los ataques ni sobre la suerte de sus seres queridos, y golpearon los medios de vida, en especial los de las mujeres con trabajos informales.
«Lo que comparten los tres informes es la impunidad»
El informe de Sato es uno de los tres documentos de la ONU sobre Irán publicados en las últimas semanas. «Lo que los tres comparten es la impunidad», señaló. «No tengo constancia de ninguna investigación de las autoridades iraníes ni de hallazgos publicados por Estados Unidos o Israel sobre ninguna de estas muertes. Cuando las autoridades no se investigan a sí mismas, la documentación independiente es lo único que queda entre las víctimas y el borrado de la verdad y la memoria».
La relatora exigió a Irán una moratoria de las ejecuciones, la liberación de los detenidos por ejercer sus derechos, garantías de juicio justo y la investigación de cada muerte causada por sus fuerzas. A Estados Unidos e Israel les pidió cesar las hostilidades, investigar sus bombardeos y publicar los resultados. La tensión entre Teherán y Washington sigue marcando la agenda regional, como cuando Irán advirtió de un impacto «devastador» en los mercados si Israel ataca en el golfo Pérsico. En el mismo foro multilateral, la Asamblea General vivió esta semana otra votación de peso: la ONU rechazó por 34ª vez el embargo a Cuba, con el apoyo más bajo en 20 años.
«Sea lo que sea que se dijo que esta guerra lograría, no ha traído nada al pueblo de Irán», cerró Sato. «Las hostilidades deben terminar por la vía diplomática, con los derechos humanos en el corazón de cualquier acuerdo».
