Los menores muertos en bombardeos ordenados por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella.
Los menores muertos en bombardeos ordenados por el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ya suman ocho en apenas los dos primeros meses de su Gobierno. Así lo confirmó este miércoles el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en una revelación que reaviva el debate más sensible de la ofensiva aérea contra los grupos armados: el de los niños reclutados que quedan en la línea de fuego.
El director de Medicina Legal, Ariel Cortés, entregó el balance durante el Congreso Internacional de Medicina Legal celebrado este miércoles en Bogotá. Con corte al 30 de septiembre, el instituto identificó que cinco de los fallecidos son hombres y las tres restantes son mujeres, y señaló a Cauca, Norte de Santander y Guaviare como las regiones con mayor incidencia de estos casos.
Menores muertos en bombardeos: la cifra que entregó Medicina Legal
La dimensión del dato se entiende mejor en comparación. Según el propio Cortés, durante los cuatro años de mandato de Iván Duque se registraron 42 muertes de menores en operaciones de este tipo, mientras que en el Gobierno de Gustavo Petro la cifra fue de 62. Es decir: en solo dos meses, la administración de De la Espriella acumula ocho casos, un ritmo que encendió las alarmas de las organizaciones de derechos humanos y de la oposición.
El anuncio se conoció el mismo día en que el Tribunal Superior de Bogotá revocó, en segunda instancia, el fallo de una tutela que impedía a las Fuerzas Armadas realizar ataques aéreos sobre lugares donde hubiera indicios de presencia de menores reclutados por grupos armados. Los magistrados no entraron a revisar el fondo del asunto —si los bombardeos son legales o no— porque antes concluyeron que la acción de tutela era improcedente.
Una jueza había frenado los ataques tras el bombardeo de Guaviare
La restricción revocada había nacido a inicios de septiembre, cuando una jueza ordenó suspender ese tipo de operaciones pocos días después de que un bombardeo en Guaviare matara a tres menores de entre 15 y 16 años. Entonces, el presidente defendió la operación en su cuenta de X y sostuvo que la responsabilidad por la presencia de menores en combate recae únicamente en los grupos armados que los reclutan. El Ministerio de Defensa, por su parte, rechazó el uso de menores por parte de las estructuras ilegales y aseguró que aquel operativo cumplió los estándares legales para ataques aéreos.
Tras la decisión de este miércoles, el Gobierno celebró que, en sus palabras, la providencia «permite que las Fuerzas Militares continúen desarrollando sus capacidades operacionales dentro del marco constitucional y legal vigente, observando los principios de distinción, proporcionalidad y precaución» del Derecho Internacional Humanitario. El Ejecutivo insistió en que el fallo de primera instancia no logró establecer que sus operativos supusieran una «amenaza inminente» contra los derechos de los menores, y volvió a reprochar a los grupos armados el reclutamiento de niños y adolescentes. La ofensiva del Gobierno en las regiones ha tenido esta misma semana otro capítulo en la capital, con la operación Bosur-Kratos en Bogotá.
Un debate que ya tumbó a un ministro en Colombia
La muerte de menores en bombardeos no es un fenómeno nuevo en Colombia, pero sí uno de los que más asperezas levanta. En 2019, un operativo en Caquetá en el que murieron ocho menores obligó a renunciar al ministro de Defensa de Duque, Guillermo Botero, en medio de una moción de censura. Y en 2025, un bombardeo ordenado por Petro en Guaviare, en el que murieron siete menores, desató otra tormenta política parecida.
El conteo de menores muertos en bombardeos tiene además una dimensión jurídica internacional. Colombia tiene obligaciones de protección de la infancia derivadas de tratados como los Convenios de Ginebra y la Convención sobre los Derechos del Niño, que distinguen entre combatientes y víctimas de reclutamiento forzoso. Ese es el núcleo del choque jurídico: para el Gobierno, los menores reclutados hacen parte de las estructuras armadas que son objetivo militar; para los críticos, siguen siendo víctimas y su presencia conocida debería bastar para suspender un ataque aéreo. El tema ya venía calentando la arena política, como ocurrió con las denuncias anunciadas por Iván Cepeda contra De la Espriella tras un tenso debate en el Senado.
Con este balance, los menores muertos en bombardeos vuelven al centro del debate público colombiano. El informe completo de Medicina Legal puede consultarse en la crónica de El País, que recogió la intervención de Cortés en el congreso forense. Con la restricción judicial levantada y la cifra oficial sobre la mesa, la discusión ya no es solo jurídica: es sobre cuántos menores más pueden morir en una estrategia que el Gobierno no parece dispuesto a modificar.
