La ley contra los disturbios en Francia dio este miércoles su paso más firme en el Senado, que aprobó el proyecto por 229 votos a favor.
La ley contra los disturbios en Francia dio este miércoles su paso más firme en el Senado, que aprobó el proyecto por 229 votos a favor y 105 en contra en una votación celebrada de madrugada en París. El texto endurece la respuesta del Estado frente a los saqueos y los destrozos durante las protestas, amplía la responsabilidad económica de quienes participen en los desórdenes y refuerza las herramientas de la policía, en plena cuenta atrás para una nueva jornada de manifestaciones convocada para el sábado.
La iniciativa contó con el respaldo de la Agrupación Nacional, el partido de ultraderecha, y salió adelante en una cámara alta donde la derecha es mayoritaria. Ahora pasará a la Asamblea Nacional, donde su futuro es mucho más incierto porque el Gobierno no dispone de una mayoría parlamentaria que le garantice la aprobación definitiva.
Qué cambia con la ley contra los disturbios en Francia
La medida central del proyecto establece que el Estado podrá reclamar hasta 10.000 euros por persona no solo a quienes causen directamente los daños materiales, sino también a quienes participen deliberadamente en grupos organizados para cometer destrozos o permanezcan en concentraciones susceptibles de alterar el orden público después de dos órdenes policiales de dispersión.
El texto aprobado permite además embargar determinadas prestaciones sociales a los responsables que no puedan pagar las indemnizaciones. El Senado amplió esa posibilidad a las ayudas familiares, las subvenciones a la vivienda, la renta mínima de inserción y otros subsidios, como la prima de actividad o la ayuda para el inicio del curso escolar.
El proyecto nació con cinco artículos y terminó con una veintena de disposiciones adicionales promovidas por el Gobierno y la derecha senatorial. Entre ellas figuran nuevas prohibiciones administrativas de manifestarse, un endurecimiento de las penas, restricciones de entrada en Francia para extranjeros en determinados supuestos y mayores facilidades para utilizar drones en investigaciones judiciales. También se amplía el recurso a sistemas algorítmicos de videovigilancia, se contempla la expulsión de viviendas sociales de personas que provoquen alteraciones del orden y se establece un procedimiento urgente para retirar de internet, en menos de 24 horas, los contenidos que inciten al vandalismo.
De los destrozos de octubre a la votación de madrugada
El proyecto se elaboró después de los disturbios registrados tras la victoria del París Saint-Germain en la Liga de Campeones, en mayo, pero el Ejecutivo aceleró su tramitación tras los destrozos y saqueos del 17 de octubre, en la primera jornada de protestas por el encarecimiento del coste de la vida y en defensa de los servicios públicos, en la que ardió el Ayuntamiento de Limoges, en el centro del país.
La votación llega, además, en un contexto de presión social creciente sobre el Gobierno francés. Las concesiones a algunas de las reivindicaciones estudiantiles no han frenado las movilizaciones, los docentes han anunciado su intención de sumarse a las protestas, los sindicatos y los llamados chalecos amarillos han convocado una nueva jornada de movilización para el sábado —la tercera consecutiva— y una huelga general de tres días prevista a partir del 5 de noviembre amenaza con extender el conflicto a más sectores. En ese escenario, el paso del texto por la Asamblea Nacional se perfila como la siguiente prueba de fuerza entre el Ejecutivo y la calle.
Otras votaciones y debates parlamentarios de calado pueden seguirse en las notas recientes de la sección de Mundo, entre ellas el debate en el Congreso sobre el fin de la JEP y la acusación de Irán contra Trump por despreciar la diplomacia, dos frentes legislativos y diplomáticos que marcan la agenda internacional de esta semana.
