El fin de la JEP en 2028 entró este martes en la agenda del Congreso de Colombia. La corporación comenzó a debatir un proyecto de acto legislativo que busca fijar marzo de 2028 como fecha límite e improrrogable para la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal de justicia transicional creado por el Acuerdo de Paz de 2016, y definir desde ya qué ocurrirá con los procesos que sigan abiertos cuando ese plazo se cumpla.
La iniciativa la impulsa el senador Enrique Gómez, del Movimiento de Salvación Nacional. Su propuesta plantea un periodo máximo de diez años, sin posibilidad de prórroga, contado desde la entrada en operación de la totalidad de las salas y secciones del tribunal. Con ese cómputo, la JEP cerraría sus puertas en marzo de 2028, antes de agotar el esquema vigente, que contempla una etapa posterior de cinco años para concluir la actividad jurisdiccional, prorrogable bajo ciertas condiciones a solicitud de los propios magistrados.
Qué pasaría con los procesos si se aprueba el fin de la JEP en 2028
El punto que más preguntas levanta es el destino de los casos inconclusos. Según el texto debatido, esos procesos pasarían a la justicia ordinaria: la Fiscalía General de la Nación podría asumir la investigación y la acusación, y otros expedientes irían a los jueces competentes. Las decisiones en firme, las pruebas ya practicadas y las actuaciones válidamente adelantadas conservarían sus efectos, y las personas sometidas al tribunal no recibirían condiciones procesales más gravosas solo por cuenta del traslado.
Durante la discusión, Gómez cuestionó el gasto y la contratación del tribunal y aseguró que la JEP pasó de 134 contratos a 1.218 en menos de siete años, cifras que presentó como argumento central para revisar su continuidad. La senadora María Clara Posada, del Centro Democrático, respaldó abrir la revisión y centró el debate en la relación entre los recursos públicos invertidos y los resultados obtenidos.
Las objeciones: víctimas, comparecientes y Acuerdo de Paz
Del otro lado, la senadora Carolina Corcho, del Pacto Histórico, advirtió que ponerle fecha de cierre al tribunal podría afectar las garantías constitucionales del sistema de justicia transicional, la seguridad jurídica de quienes se sometieron voluntariamente y los compromisos asumidos en el Acuerdo de Paz. Otros congresistas pidieron que cualquier decisión tenga en cuenta los derechos de las víctimas y las garantías de los comparecientes.
El senador Alfredo Deluque planteó una advertencia práctica: se trata de un cambio importante para la justicia transicional y trasladar miles de actuaciones a la justicia ordinaria también supone retos enormes de administración de justicia, en un sistema que ya opera con congestión.
El trámite apenas comienza. Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto deberá superar varias etapas y debates en el Congreso antes de convertirse en realidad, en una discusión que promete extenderse durante meses y que reabre en Colombia el debate sobre los tiempos y los resultados del tribunal de paz, en días en los que el país también discute decisiones sensibles del Gobierno en materia ambiental, como la polémica por la revocatoria de la protección de la Amazonía, y mientras la seguridad regional sigue en el centro de la agenda, como ocurrió con la amenaza contra los 19 alcaldes de Casanare.
