Guatemala destituye a su director de Policía en plena crisis de seguridad. El Ministerio de Gobernación removió este martes a dos altos mandos de la Policía Nacional Civil (PNC), incluido su director general, David Custodio Boteo, como consecuencia de la investigación interna abierta tras el asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre.
Junto a Custodio Boteo cayó también el subdirector de Operaciones, Esvin Jacinto Quiché. La decisión fue anunciada por la cartera de Gobernación (Interior) en rueda de prensa, y su titular, Marco Antonio Villeda, ya había adelantado que, al concluir la investigación interna sobre la actuación de los agentes en el caso Solórzano Foppa, tomaría decisiones y que iban a «rodar cabezas».
Por qué Guatemala destituye a su director de Policía
El detonante fue el procedimiento que siguió al crimen del exfiscal. El mismo día del asesinato, la Policía capturó a los hermanos Rigoberto y Daniel Choc Toz como supuestos responsables del ataque contra Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en unos campos deportivos de la capital. Sin embargo, los dos detenidos quedaron después en libertad por una resolución judicial de falta de mérito, tras denunciar que los agentes les habían «plantado» un fusil que no correspondía con el arma utilizada en los hechos.
Ese procedimiento irregular dejó a siete agentes de la institución detenidos a la espera de su primera declaración ante el juez, entre ellos un comisario y un inspector. Según el Ministerio Público, los siete policías son investigados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.
Un caso bajo reserva y sin autores detenidos
El asesinato de Solórzano Foppa sigue bajo reserva judicial. El exfiscal había denunciado hechos de alto impacto en materia de seguridad, entre ellos la fuga de 20 reos líderes de la pandilla Barrio 18 registrada el 12 de octubre, uno de los episodios que más golpeó la imagen del sistema de seguridad guatemalteco en las últimas semanas.
El presidente Bernardo Arévalo de León se comprometió públicamente el 19 de octubre a aclarar el «crimen horrible» y a castigar a los responsables, pero hasta el momento no hay detenidos como autores materiales ni intelectuales del homicidio. Por su parte, el abogado de los hermanos Choc Toz, Karlos de León, exigió al mandatario una disculpa pública y una indemnización económica por los daños psicológicos causados por la detención irregular de sus defendidos.
La sacudida en la cúpula policial se suma a una cadena de crisis de seguridad que golpea a la región, donde gobiernos de varios países enfrentan presiones simultáneas por la violencia y el crimen organizado, como la amenaza de disidencias armadas contra los 19 alcaldes de Casanare, en Colombia, o los bloqueos carreteros que esta semana obligaron a negociar a las autoridades mexicanas con los transportistas que levantaron sus protestas tras pactar con la Segob. En Guatemala, la remoción de la máxima autoridad policial abre ahora la incógnita de quién asumirá el mando de la PNC y si los cambios alcanzarán para recuperar la confianza en la institución.
