Los alcaldes de Casanare amenazados son los 19 mandatarios municipales del departamento.
Los alcaldes de Casanare amenazados son los 19 mandatarios municipales del departamento. Las autoridades investigan un video en el que supuestos integrantes de las disidencias de las Farc lanzan un ultimátum a los alcaldes y los llaman a negociar un acuerdo para coadministrar el territorio, una amenaza que encendió las alarmas en la Orinoquía colombiana.
En las imágenes, los supuestos miembros del llamado Frente 28 José María Córdova aparecen con uniforme camuflado, pañoletas negras cubriéndoles la cabeza y armas de fuego, mientras uno de ellos lee la advertencia desde un dispositivo electrónico. La grabación se difunde mientras las autoridades tratan de establecer si el mensaje es auténtico y quién está detrás de su divulgación.
Alcaldes de Casanare amenazados: consejo de seguridad e investigación en marcha
Ante la gravedad del mensaje, las autoridades departamentales convocaron un consejo de seguridad para definir la autenticidad del video y trazar la hoja de ruta frente a la amenaza. La preocupación alcanza a los 19 municipios del departamento, porque el ultimátum no se dirige a un solo alcalde, sino al conjunto de los gobiernos locales de Casanare.
Según la información de inteligencia policial y militar citada por las autoridades casanareñas, en el departamento no hay una presencia confirmada de estos actores armados ilegales. Esa precisión, sin embargo, no reduce la alerta: Casanare limita con Arauca, Meta y Vichada, territorios en los que predomina la presencia de grupos armados como las disidencias al mando de Iván Mordisco, agrupadas en el Estado Mayor Central, el ELN y la Segunda Marquetalia.
Un departamento golpeado por hechos recientes de inseguridad
La amenaza llega en un contexto difícil para Casanare. El pasado 23 de octubre se registró un atentado con un carrobomba contra el peaje San Pedro de Casanare, un hecho que la principal hipótesis atribuye a una posible retaliación del ELN. En ese ataque no murió ninguna persona, aunque más de 100 aves perdieron la vida, según informó el alcalde de Villanueva.
Semanas antes, el 30 de septiembre, fue asesinado en zona rural de Yopal el reconocido político y comerciante conocido como «Jhon Calzones». Ambos episodios se suman a una cadena de hechos de inseguridad que viene afectando a distintos puntos del departamento y que hoy vuelve a poner a sus autoridades locales en el centro de la preocupación.
El riesgo tampoco es nuevo para las comunidades. La Defensoría del Pueblo ya había advertido en una Alerta Temprana de 2024 sobre la presencia del Frente 28 y el peligro que representa para diez pueblos indígenas del resguardo Caño Mochuelo, en zona rural de Hato Corozal y Paz de Ariporo. De acuerdo con las autoridades, ese frente hace parte del Comando Conjunto de Oriente de las disidencias.
En esa alerta, la Defensoría describió una presión directa sobre las autoridades tradicionales indígenas, obligadas a intervenir en los comportamientos de sus comunidades bajo la amenaza de ser sometidas a la «justicia» propia del grupo armado, y pidió una intervención urgente y articulada del Estado para proteger la vida, la integridad, la seguridad y la libertad de esas poblaciones. La presión sobre los municipios de Casanare también se sigue en medio de la ofensiva nacional contra el crimen, como el operativo desplegado en Medellín y Antioquia y de otros hechos de orden público en el país, como el secuestro de una joven en Guacarí, Valle del Cauca.
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