Un juez federal de Estados Unidos rechazó este martes la petición del Gobierno de Donald Trump de suspender la orden.
Un juez federal de Estados Unidos rechazó este martes la petición del Gobierno de Donald Trump de suspender la orden que le exige aclarar quién ha tenido acceso al informe que justifica ataques a lanchas sospechosas de narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, un documento que la Casa Blanca se niega a hacer público alegando que está protegido por el secreto presidencial.
El magistrado Paul Engelmayer, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, levantó la suspensión temporal que él mismo había dictado el pasado 8 de octubre y dio al Gobierno un plazo de 14 días para presentar ante el tribunal, de forma confidencial, la información sobre quiénes han consultado el documento, cuándo lo hicieron y con qué propósito.
El informe que justifica ataques a lanchas, en el centro de la disputa
El documento en disputa fue elaborado por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia en septiembre de 2025 y analiza la autoridad legal del presidente Trump para ordenar ataques letales contra esas embarcaciones. Es, en la práctica, el fundamento jurídico sobre el que se sostiene la campaña militar que Washington mantiene desde entonces contra lanchas a las que acusa de transportar drogas hacia territorio estadounidense, una ofensiva que este mismo martes sumó un nuevo episodio con el ataque contra una narcolancha en el Pacífico que dejó cinco muertos.
Engelmayer quiere determinar si el documento puede seguir amparándose en la protección del secreto presidencial y, para decidirlo, considera necesario saber quién tuvo acceso a él, según consta en las actas judiciales. La información deberá entregarse únicamente al magistrado: no se hará pública ni se facilitará a los demandantes, y será el juez quien resuelva más tarde si el Gobierno puede mantener el texto en secreto.
Una demanda de grupos de derechos civiles
El caso comenzó después de que varias organizaciones de derechos civiles demandaran al Gobierno de Trump para lograr que se hiciera pública la justificación legal de los ataques. La demanda fue interpuesta por el Centro para los Derechos Constitucionales, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y su rama de Nueva York (NYCLU) ante el tribunal del Distrito Sur, después de que el Ejecutivo no respondiera a una solicitud presentada bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).
La campaña contra las embarcaciones se desarrolla en paralelo en dos escenarios: el Caribe, frente a las costas de Venezuela, y el Pacífico oriental, donde Estados Unidos también guía desde la base de Taura, en Ecuador, su nueva ofensiva antidrogas. Según los recuentos de la agencia EFE, desde septiembre de 2025 las fuerzas estadounidenses han ejecutado más de 70 ataques contra este tipo de lanchas, con al menos 230 personas muertas, unas cifras que han alimentado las críticas de organizaciones de derechos humanos y de legisladores de ambos partidos.
Con la decisión de este martes, el Gobierno dispone ahora de dos semanas para revelar ante el juez, aunque sea a puerta cerrada, el rastro de lecturas de su propio informe. Lo que Engelmayer decida después sobre el secreto presidencial marcará si la justificación legal de una de las operaciones militares más cuestionadas de la actual administración termina viendo la luz o permanece clasificada.
