La protección de la Amazonía colombiana quedó en el centro de una fuerte polémica política en Colombia, luego de que el Gobierno revocara la resolución que blindaba ese territorio contra la exploración y explotación de hidrocarburos. La decisión, adoptada la víspera por el Ministerio de Ambiente, desató este martes un cruce de acusaciones en redes sociales entre el actual ministro, Fabio Arjona, y su predecesora en el cargo, Irene Vélez, quien había firmado la medida antes de salir del gabinete.
Qué se revocó: la resolución que blindaba 483.283 kilómetros cuadrados
El Ministerio de Ambiente revocó la resolución 0961 de 2026, aprobada a solo dos días de concluir el Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026). Con esa norma se delimitaba y se declaraba el bioma amazónico como reserva definitiva de los recursos naturales renovables, lo que implicaba una prohibición expresa a la exploración y explotación de hidrocarburos en una extensión de más de 483.283 kilómetros cuadrados. Esa superficie corresponde a la región de la Amazonía colombiana y representa el 42 % del territorio del país, una magnitud que explica la intensidad del debate que se abrió en las últimas horas.
La protección de la Amazonía colombiana, en el centro del cruce entre Arjona y Vélez
El ministro Arjona defendió la revocatoria al señalar que la norma anterior se emitió «sin culminar la consulta previa con las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras». Sostuvo, además, que la decisión de la gestión pasada «no garantizaba, por sí sola, la protección efectiva del bioma» y que, por el contrario, «generaba incertidumbre económica y territorial sin ofrecer alternativas concretas a quienes habitan la región». En su réplica pública agregó que «sacar resoluciones no resuelve los problemas de ningún territorio», y menos unas que, a su juicio, «tienen un vicio procedimental» por la falta de esa consulta previa.
La exministra Irene Vélez, que aprobó la resolución original antes de dejar el gabinete, cuestionó con dureza la decisión de la actual administración y defendió la legalidad y el rigor técnico con los que se blindó inicialmente la Amazonía. «El nefasto gobierno de Colombia le da la espalda a la Amazonía», afirmó Vélez en su cuenta de X, y advirtió que el objetivo es «apropiarse de las tierras raras». La exfuncionaria recordó que «la Amazonía es sumidero de carbono, su deforestación aumenta las emisiones capturadas de CO2 en la selva y su conectividad con los Andes es la única garantía para sostener el ciclo hídrico de los ríos voladores que abastecen de agua a Bogotá».
El Gobierno asegura que la Amazonía no queda desprotegida
Pese a la controversia, el Ministerio de Ambiente enfatizó que la revocatoria de la resolución no significa un abandono institucional de la Amazonía colombiana. La cartera recordó que continúan plenamente vigentes otras disposiciones constitucionales, legales y judiciales que reconocen a la región amazónica como sujeto de derechos, un estatus que el país mantiene desde fallos históricos de sus altas cortes.
El debate ocurre sobre un territorio sometido a presiones crecientes. La ONG International Crisis Group advirtió en mayo que en la Amazonía colombiana la construcción de carreteras ilegales y la expansión ganadera avanzaron tras la desmovilización de las Farc en 2016, en medio de disputas entre nuevos actores criminales. Según ese análisis, las mismas redes pueden participar simultáneamente en narcotráfico, minería ilegal, tráfico de fauna y deforestación, utilizando las mismas rutas, estructuras financieras y sistemas de corrupción que afectan a toda la región.
Con la revocatoria ya en firme, la discusión de fondo queda abierta: si el blindaje petrolero de la Amazonía debe reconstruirse con la consulta previa que el actual Gobierno echa en falta, o si, como sostiene la exministra, la medida derogada era el instrumento válido para proteger el bioma. Mientras tanto, las comunidades del territorio y el sector de hidrocarburos esperan los próximos pasos de la cartera ambiental. Sigue la cobertura de Colombia en La Noticia De Hoy y otros hechos del país como las amenazas a los 19 alcaldes de Casanare.
