En un notable enfrentamiento entre el magnate Elon Musk y el sistema judicial brasileño, la red social X, anteriormente conocida como Twitter, ha accedido a las órdenes del juez Alexandre de Moraes del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil. Este giro se produce tras el bloqueo de la plataforma en el país sudamericano el 30 de agosto, un movimiento que ha suscitado un intenso debate sobre la libertad de expresión y la regulación de las redes sociales.
El conflicto comenzó cuando De Moraes exigió que X designara un representante legal en Brasil en un plazo de 24 horas. Musk, conocido por su postura desafiante hacia la regulación, se negó a cumplir con esta orden, lo que llevó al juez a imponer una suspensión total de la plataforma en Brasil. La decisión se fundamentó en la preocupación por la proliferación de discursos extremistas y desinformación en la red, así como en el incumplimiento reiterado de órdenes judiciales por parte de X.
La situación escaló rápidamente cuando Musk acusó a De Moraes de ser un «enemigo de la libertad de expresión» y describió sus acciones como maniobras ilegales para censurar a oponentes políticos. En respuesta, De Moraes argumentó que las redes sociales no son «tierras sin ley» y deben cumplir con las normativas locales. A pesar de las advertencias del juez, X continuó operando sin un representante legal, lo que resultó en multas acumulativas y finalmente en el bloqueo total del servicio.
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El impacto del bloqueo fue inmediato: millones de usuarios brasileños, en un país con una alta tasa de conectividad a internet, se encontraron sin acceso a una de las plataformas más utilizadas para la comunicación y difusión de información. Además, De Moraes estableció multas diarias exorbitantes para quienes intentaran eludir el bloqueo mediante el uso de VPNs (redes privadas virtuales), una medida que ha sido criticada por expertos legales y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
En un cambio inesperado, X designó a Rachel de Oliveira Villa Nova Conceição como su representante legal en Brasil, quien ya ocupaba este cargo antes del cierre de la oficina local.
