La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este domingo sobre la persistencia de la violencia contra los comunicadores en México.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó este domingo sobre la persistencia de la violencia contra los comunicadores en México, donde documentó tres asesinatos de periodistas, además de amenazas de muerte, agresiones durante coberturas y medidas legales que podrían limitar el ejercicio de la libertad de expresión. La advertencia forma parte del informe por país presentado en la 82.ª Asamblea General del organismo, que concluye este domingo en Bogotá, Colombia.
En su informe sobre la libertad de expresión en México, la organización destacó el homicidio de Josué Martínez Contreras, director de Noticias San Martín Texmelucan, asesinado en julio en Puebla. También reseñó los casos de Francisco Alejandro Leyva Aguilar, exdirector de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y columnista crítico de las autoridades, y de Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido asesinado en agosto pasado, también en Puebla.
Asesinatos de periodistas e impunidad en México
La SIP, junto con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF), reclamó investigaciones exhaustivas de los asesinatos de periodistas que no descarten la actividad periodística como posible móvil de los crímenes. El informe menciona, además, otros tres asesinatos en los que, según la información disponible, todavía no se han identificado indicios de relación con el trabajo de las víctimas, un dato que mantiene abierto el alcance real de los asesinatos de periodistas y de la violencia contra la prensa en el país.
La organización documentó también amenazas de muerte, agresiones durante coberturas y presiones para retirar información. Entre los casos recogidos figura el de Tamaulipas, donde dos periodistas denunciaron que integrantes de la Marina los obligaron a borrar las imágenes de un presunto derrame de petróleo mientras realizaban su trabajo, un episodio que la SIP presenta como ejemplo de las presiones directas que enfrentan los reporteros en el terreno, en un país donde los asesinatos de periodistas rara vez terminan en condenas.
Para el organismo, la impunidad continúa siendo uno de los principales factores de riesgo para el periodismo mexicano. Según la clasificación mundial de RSF de 2026, México ocupa el puesto 122 de 180 países en libertad de prensa y el 160 en el indicador de seguridad, una posición que lo sitúa entre los entornos más peligrosos del mundo para ejercer el oficio, como también evidencian otros episodios recientes de violencia institucional en el país, entre ellos el proceso contra el exfiscal de Chihuahua César Jáuregui.
La «Ley Serrano» y las presiones legales contra la prensa
La SIP alertó igualmente sobre el uso de herramientas legales contra la prensa, como la denominada «Ley Serrano», una reforma aprobada en 2025 en San Luis Potosí que castigaba con hasta seis años de prisión el uso de inteligencia artificial para difundir contenidos falsos o afectar la confianza en las instituciones. La legislación, cuestionada por organizaciones de derechos humanos por sus posibles efectos sobre la libertad de expresión, derivó en procesos penales contra periodistas, incluidas dos comunicadoras detenidas en mayo pasado, antes de que el Congreso estatal derogara la reforma en julio.
El informe recogió además las críticas a los nuevos lineamientos sobre derechos de las audiencias, aprobados en agosto, ante el riesgo de interferencias en la libertad editorial. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que esas disposiciones constituyan censura. El reporte mencionó asimismo los cuestionamientos al análisis gubernamental sobre una supuesta red de amplificación digital que incluía nombres de periodistas y analistas, mientras el Ejecutivo negó que buscara estigmatizarlos.
Un patrón regional de violencia contra la prensa
El caso mexicano no apareció aislado en la asamblea de Bogotá. En sus conclusiones generales, la SIP señaló que la violencia contra periodistas volvió a sacudir la libertad de prensa en las Américas durante el último semestre, con dos comunicadores asesinados en Colombia, tres en México, dos en Guatemala, uno en Perú y uno en Haití, mientras en ese último país continúa desaparecido desde el 12 de septiembre el periodista Wesly Renaud Jean. Los asesinatos de periodistas, advirtió la SIP, no solo ponen en riesgo a los comunicadores: también restringen el derecho de las comunidades a conocer lo que ocurre en su entorno.
El organismo sumó a ese panorama el discurso hostil desde el poder, el acoso judicial y regulatorio y los ataques digitales contra periodistas, especialmente mujeres. En ese contexto regional se inscribe también la alerta sobre México: no se trata solo de asesinatos de periodistas sin resolver, sino de un ambiente en el que las amenazas, las presiones legales y la impunidad se combinan y, según la SIP, terminan restringiendo el derecho de la ciudadanía a estar informada. Detener los asesinatos de periodistas exige, concluyó el informe, investigaciones que lleguen también hasta los autores intelectuales.
