La Rafael Escorihuela inocencia tiene, según su familia, pruebas con fechas, boletos y constancias de trabajo.
La Rafael Escorihuela inocencia tiene, según su familia, pruebas con fechas, boletos y constancias de trabajo. Aun así, el exfuncionario del Cicpc sigue preso desde el 22 de octubre de 2025 por el llamado caso Plaza Venezuela: su hermana Rosana consignó ante el tribunal el boleto de ingreso al país y los boletines de pago que certifican que trabajaba en Lima cuando, según la versión oficial, se gestaba el supuesto complot, y el tribunal los rechazó por considerar que fueron presentados a destiempo para la audiencia preliminar, según reseñó Runrun.es.
Escorihuela llevaba siete años viviendo en Perú. Volvió a Venezuela el 25 de septiembre de 2025 con un único propósito: visitar y acompañar por unos días a su padre, gravemente afectado por una enfermedad cardíaca. Durante los años que estuvo fuera perdió a su madre y a su hermano sin poder despedirse de ninguno de los dos, y su hermana asegura que regresó por deber filial, temiendo que su padre muriera y él, por tercera vez, estuviera lejos.
Rafael Escorihuela inocencia: un boleto con regreso a Lima
En Lima, Escorihuela se ganaba la vida como chofer de transporte público en una de las empresas más reconocidas de la región. Había salido del país en 2018, según su hermana, porque «no estaba de acuerdo con las cosas que estaban pasando» y por la situación económica que atravesaba su familia. El plan del viaje era claro y breve: quedarse un mes, con el boleto de regreso a Lima impreso para el 24 de octubre.
La arbitrariedad, relata la familia, se cruzó dos días antes de ese regreso. Rafael Escorihuela y su cuñado fueron interceptados por varios agentes del Cicpc en un taller mecánico en La Guaira y trasladados a la sede del organismo en la avenida Urdaneta, en Caracas. Rosana se enteró por una llamada que le permitieron hacer a su esposo; cuando se presentó en el Cicpc a buscar información sobre su hermano, también la dejaron detenida.
La detención de su hermana y las preguntas por la fecha de llegada
«A mí me tuvieron detenida durante 48 horas, pero me permitieron verlo el día 23 en la madrugada. Me preguntaban a cada rato cuándo fue que llegó mi hermano a Venezuela y yo no entendía por qué. Insistían en que había llegado en agosto y yo se lo negaba porque él llegó el 25 de septiembre», relató Rosana. A ella y a su esposo los liberaron, pero le informaron que Rafael quedaría detenido por su presunta participación en el caso «Plaza Venezuela».
Ese caso es el que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, presentó el 7 de agosto de 2025 como una «operación terrorista» frustrada: un plan que, según la versión oficial, pretendía ejecutarse el 3 de agosto con la detonación de tres kilogramos de explosivo TNT en las inmediaciones de la Plaza de la Victoria, el monumento levantado por el Gobierno para conmemorar «la victoria de la Unión Soviética sobre el nazifascismo». Por ese expediente fueron detenidas más de 50 personas, incluidos menores de edad, y Cabello atribuyó la operación a miembros de la oposición, específicamente a María Corina Machado, y a un supuesto financiamiento de Estados Unidos y Colombia.
Las pruebas que el tribunal no aceptó
La narrativa oficial afirma que la supuesta trama se gestó los primeros días de agosto, cuando Escorihuela aún estaba en Perú. Contra eso, Rosana armó un expediente: el boleto aéreo con la fecha de ingreso al país, el pasaje de retorno para el 24 de octubre y los boletines de pago de la empresa peruana que certifican que hasta el 18 de septiembre estuvo trabajando en Lima. «Yo tengo las pruebas de que mi hermano es inocente, pero a ellos no les importó», explicó la hermana del exfuncionario.
Según su relato, el tribunal rechazó todas las pruebas alegando que fueron presentadas a destiempo para la audiencia preliminar. A Rafael Escorihuela también le negaron la amnistía, de acuerdo con su hermana, «sin explicación alguna». En el mismo expediente han estado detenidas otras personas como Yariliz Díaz y las hermanas Arantza y Samantha Hernández, esta última una adolescente de 16 años, y el dirigente Juan Pablo Guanipa —también involucrado en el supuesto complot, aún estando en prisión, según su denuncia— publicó un video pidiendo justicia para Escorihuela.
Casi un año preso en la sede del Cicpc en la Urdaneta
A casi un año de su detención, Rafael Escorihuela permanece recluido en la sede del Cicpc en la avenida Urdaneta. Ha perdido más de 15 kilos y se ha enfermado de amibiasis, bronquitis y amigdalitis. Su hermana aseguró que el exfuncionario no ha sido torturado, pero exige que las evidencias prevalezcan: «Si todos los que ahora están presos injustamente son inocentes, mi hermano es más inocente aún».
El caso se suma a los expedientes por terrorismo que siguen abiertos en el país, en días en los que el propio TSJ reordenó la competencia de los tribunales de terrorismo y en los que la diáspora venezolana mantiene sus exigencias de garantías. Para la familia Escorihuela, la cuenta es otra: un hombre que volvió por un mes a ver a su padre enfermo lleva casi un año preso por unos hechos que, según los documentos que el tribunal no aceptó, ocurrieron cuando él ni siquiera estaba en Venezuela. Puede seguir las novedades en nuestra sección de Venezuela. (Con información de Runrun.es)
