Primero Justicia propuso este lunes 9 de noviembre un cronograma político en seis fases.
Primero Justicia propuso este lunes 9 de noviembre un cronograma político en seis fases que culmina con elecciones presidenciales en Venezuela entre agosto y septiembre de 2027, el tercer trimestre de ese año. El partido aurinegro presentó la ruta como una respuesta a la urgencia económica y social del país y, a la vez, como un intento de darle certeza al proceso de transición: fechas, instituciones renovadas y un árbitro electoral nuevo antes de volver a las urnas.
El encargado de explicar la propuesta fue Juan Carlos Caldera, dirigente nacional de la tolda, citado en una nota de prensa del partido. «Son 27 años de un régimen que se ha dedicado sistemáticamente a destruir el ingreso familiar, a eliminar, a cercenar las posibilidades de progreso y futuro de los venezolanos y por eso el país reclama. Nosotros acompañamos y entendemos ese sentido de urgencia de la sociedad», afirmó. Caldera sostuvo que el planteamiento se alinea con la visión estratégica de tres fases —estabilización, recuperación y transición— que la administración de Donald Trump ha planteado para Venezuela.
Primero Justicia: un nuevo TSJ en diciembre y un nuevo CNE en 2027
La primera fase del cronograma contempla el nombramiento de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), previsto para diciembre próximo, junto con un debate parlamentario para aprobar las reformas legales necesarias que permitan conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y reorganizar el ecosistema político venezolano. Sin ese andamiaje previo, sostiene el partido, cualquier convocatoria a votar repetiría los vicios que la oposición ha denunciado durante años.
En la segunda fase, entre enero y febrero del próximo año, Primero Justicia propone abrir el proceso para convocar y nombrar a los cinco nuevos rectores del CNE. A esa designación seguiría una reestructuración administrativa y una revisión de la plantilla del organismo electoral, con el objetivo declarado de «sanear la institución y asegurar su carácter técnico e independiente». Caldera matizó que dentro del ente comicial «hay una plantilla de gente muy profesional, muy técnica», pero también «muchos militantes políticos que le han hecho un daño enorme a la democracia», cuyo papel deberá ser evaluado por las nuevas autoridades.
La falta absoluta y el cronograma oficial de votación
En las fases siguientes, la propuesta plantea formalizar la declaratoria de la falta absoluta del presidente, paso tras el cual el nuevo CNE publicaría el cronograma oficial de los comicios. Ese calendario debería incluir operativos especiales de registro de nuevos votantes, dentro y fuera del país —una exigencia reiterada por la diáspora venezolana—, así como el ciclo completo de auditorías del sistema de votación y el desarrollo de la campaña política en condiciones equitativas.
La sexta y última fase es la celebración misma de las elecciones presidenciales, entre agosto y septiembre de 2027. «Es posible, con planificación, voluntad política y orden, transitar estas etapas para que los venezolanos decidamos nuestro futuro mediante el voto», subrayó Caldera al cerrar la presentación. El dirigente resumió la iniciativa en dos demandas que, a su juicio, definen el momento venezolano: urgencia, porque la crisis exige respuestas ya, y certeza, porque el país necesita saber «para dónde vamos, cuándo y cómo».
Una ruta que se suma al debate sobre el horizonte electoral
La propuesta de Primero Justicia llega en plena discusión pública sobre cómo y cuándo se elegirá al próximo presidente. En días recientes, el canciller Oliver Blanco aseguró que el horizonte electoral en Venezuela será con todas las fuerzas y un resultado respetado, mientras distintos actores políticos presionan por definiciones concretas. La ruta aurinegra pone, por primera vez con ese nivel de detalle, un calendario completo sobre la mesa: no solo una fecha de votación, sino la secuencia institucional que debería precederla.
El debate no es menor para los millones de venezolanos dentro y fuera del país que siguen procesos como el juicio del caso PDVSA Cripto, cuyo hermetismo denunció Rafael Badell Madrid, y que ven en la renovación de los poderes públicos una condición para recuperar la confianza en las instituciones. Que la fecha propuesta caiga en el tercer trimestre de 2027 le da al plan un margen de casi un año para ejecutar cada fase, pero también lo expone al riesgo de que la discusión se enfríe si los actores con poder de decisión no se pronuncian.
Por ahora, la pelota queda del lado de las demás fuerzas políticas y de las instituciones llamadas a ejecutar el cronograma. Primero Justicia ya fijó su posición: sin un TSJ y un CNE renovados, y sin un registro electoral depurado que incluya a la diáspora, no habrá elección creíble posible. La respuesta que reciba su propuesta en las próximas semanas dirá si el tercer trimestre de 2027 se convierte en la fecha de referencia de la transición venezolana o en una más de las rutas que se quedan en el papel.
