El juicio PDVSA Cripto se desarrolla lejos de la mirada pública y eso, para el abogado Rafael Badell Madrid, es una violación en sí misma.
El juicio PDVSA Cripto se desarrolla lejos de la mirada pública y eso, para el abogado Rafael Badell Madrid, es una violación en sí misma. El jurista y defensor de los derechos humanos denunció el hermetismo del proceso que se sigue en Caracas contra más de 60 personas por la trama de corrupción petrolera, con audiencias a puertas cerradas, sesiones telemáticas con fallas de conexión y denuncias de tortura formuladas por los propios procesados.
La denuncia llega en un momento excepcional de transición política en Venezuela. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha anunciado una amnistía general y ha hablado de reconciliación nacional, pero desde los centros penitenciarios continúan las denuncias sobre las condiciones de reclusión y el funcionamiento de la administración de justicia, un contraste que Badell considera insostenible.
Juicio PDVSA Cripto: más de tres años de prisión preventiva
Uno de los cuestionamientos centrales del abogado es el tiempo transcurrido entre las primeras detenciones y el comienzo del juicio. La operación PDVSA Cripto se hizo pública en marzo de 2023, cuando la Policía Nacional Contra la Corrupción y el Ministerio Público anunciaron una investigación que alcanzó a funcionarios de Pdvsa, de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), empresarios y contratistas. El 17 de marzo de 2023 comenzaron las detenciones y, para el 25 de marzo, el fiscal general Tarek William Saab informaba de 25 detenidos y 11 órdenes de captura.
El juicio oral, sin embargo, no comenzó hasta el 20 de abril de 2026, más de tres años después, ante el Tribunal Tercero de Juicio de Caracas, presidido por la jueza Alejandra Romero Castillo, con un expediente que reunía a 64 acusados, según Transparencia Venezuela. Para Badell, prolongar así la prisión preventiva convierte la medida cautelar en una sanción anticipada: la prisión preventiva debe ser excepcional, estar justificada individualmente y no puede sustituir la obligación del Estado de demostrar la responsabilidad penal con pruebas lícitas y sometidas a contradicción.
Audiencias telemáticas y derecho a la defensa en riesgo
El proceso comenzó con comparecencias presenciales en el Palacio de Justicia de Caracas, pero con fuertes restricciones: la prensa no tenía acceso regular y la presencia de familiares estaba limitada, en algunas sesiones, a solo cuatro personas elegidas por sorteo. Tras 16 audiencias presenciales, la modalidad cambió a sesiones telemáticas desde los centros de reclusión —entre ellos Rodeo I y Yare—, sin que la publicidad del proceso mejorara.
La vía telemática sumó problemas propios: los abogados deben trasladarse de una cárcel a otra para asistir a sus representados y la inestabilidad de internet en Venezuela interrumpe el audio y congela las imágenes. El 11 de junio de 2026, en la audiencia número 18, Tareck El Aissami reclamó su traslado al Palacio de Justicia por la mala calidad de la conexión, y otro procesado, Álvaro Pulido, desistió de declarar al no poder mantener contacto directo con su abogado. Badell sostiene que la tecnología no puede limitar la inmediación judicial ni el derecho a una defensa efectiva, y cuestiona además que en una misma causa se juzgue sin individualizar a personas con responsabilidades muy distintas, desde altos funcionarios hasta choferes.
La comparación con el juicio de Maduro en Nueva York
La denuncia plantea también una comparación incómoda: mientras en Venezuela el juicio PDVSA Cripto avanza sin acceso regular de prensa ni público, Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecen presencialmente ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, en audiencias abiertas a periodistas y ciudadanos según la capacidad de la sala, como la del pasado 15 de octubre ante el juez Alvin Hellerstein. La pregunta de Badell es directa: por qué un juicio de interés nacional, con más de 60 procesados y recursos públicos comprometidos, permanece prácticamente fuera de la mirada de la sociedad.
El debate sobre la justicia se cruza con el del futuro político del país, el mismo que alimenta reclamos como el de los juristas que exigen al TSJ declarar la vacante presidencial y convocar elecciones y las definiciones del canciller Oliver Blanco sobre el horizonte electoral venezolano. Para Badell, no puede hablarse de reconciliación mientras persistan denuncias de tortura, incomunicación y restricciones a los abogados: la transición, advierte, también debe llegar a la justicia.
