La Policía Federal de Brasil ha presentado este jueves cargos formales contra el expresidente Jair Bolsonaro y 36 personas más, en relación con una supuesta conspiración golpista que buscó derrocar al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022.
La investigación, que ha estado en curso desde hace varios meses, ha revelado la existencia de una trama que operó “de forma coordinada” con el objetivo de mantener a Bolsonaro en el poder, a pesar de su derrota electoral.
Según un comunicado oficial emitido por la Policía Federal, los acusados enfrentan graves cargos que incluyen “abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”. Estos delitos son considerados extremadamente serios en el contexto político brasileño, donde la democracia ha enfrentado desafíos significativos en los últimos años.
Entre los denunciados se encuentran varios militares de alto rango, antiguos ministros y exasesores del gobierno de Bolsonaro. Destacan nombres como Walter Braga Netto, general de la reserva del Ejército y exministro de la Presidencia y Defensa, quien también fue candidato a vicepresidente en las elecciones de 2022.
Otro implicado es Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina. La inclusión de figuras militares prominentes en esta lista ha suscitado preocupaciones sobre el papel del estamento militar en la política brasileña y su influencia en los acontecimientos recientes.
La investigación ha puesto al descubierto un plan meticulosamente elaborado para desestabilizar al gobierno actual. Según fuentes cercanas al caso, los conspiradores idearon estrategias que incluían la creación de un “comité de crisis” formado por militares leales a Bolsonaro, con el fin de orquestar acciones que pudieran revertir los resultados electorales.
Este comité habría tenido como objetivo principal mantener a Bolsonaro en el poder a través de métodos no convencionales y violentos.
Lea también: Matt Gaetz renuncia a su candidatura como Fiscal General
Particularmente alarmante es el hecho de que esta misma semana se han realizado detenciones relacionadas con otro aspecto del complot: cuatro militares y un agente de la Policía Federal fueron arrestados bajo sospecha de haber planeado un magnicidio.
Los objetivos eran nada menos que el presidente Lula da Silva, su vicepresidente Geraldo Alckmin y Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal e instructor del caso. Según las investigaciones, se barajaron métodos extremos para llevar a cabo estos asesinatos, incluyendo el envenenamiento.
