Nicaragua ha tomado la decisión de retirarse de toda actividad relacionada con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una medida anunciada el jueves 27 de febrero de 2025 por Rosario Murillo, copresidenta del país junto a su esposo, el presidente Daniel Ortega. Este anuncio se produce un día después de que el Grupo de Expertos de Derechos Humanos (GHREN) publicara un informe que denuncia la existencia de una «maquinaria de represión» bajo el gobierno orteguista, acusándolo de instaurar un Estado autoritario en el país centroamericano.
En su declaración a medios oficialistas, Murillo expresó que la decisión de Nicaragua es «soberana e irrevocable», y enfatizó que el país se retira del Consejo y de todos sus mecanismos satélites. «Repudiamos todos los insultos, todas las ofensas, todas las falsificaciones, todas las agresiones, todo lo que constituye la política colonialista que rige acciones de organismos que debían servir al bien de todos», afirmó Murillo, defendiendo la postura del gobierno frente a las críticas internacionales.
Nicaragua se retira del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por la parcialidad y politización del organismo. pic.twitter.com/JlE2NjCPiV
— TaniaSandinista (@taniasandinista) February 27, 2025El informe del GHREN, publicado en Ginebra, se basa en una exhaustiva investigación que incluyó 1.500 entrevistas y el análisis de 7.500 documentos. El reporte describe cómo el régimen de Ortega y Murillo ha transformado al país en un Estado autoritario, destacando la reciente reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero. Según el informe, «no quedan instituciones independientes», y las voces disidentes son sistemáticamente silenciadas. La población enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas tanto dentro como fuera del país.
Nicaragua en crisis: Represión y autoritarismo
El documento también resalta la participación activa del ejército en la represión de las manifestaciones que estallaron en abril de 2018, documentando ejecuciones extrajudiciales y el uso sistemático de armas letales. «Las tácticas de combate diseñadas para matar y no para controlar multitudes» han llevado a un elevado número de víctimas con heridas letales, lo que sugiere que la intención no era dispersar a los manifestantes sino causar muertes e infundir miedo en la población.
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La situación política en Nicaragua ha sido objeto de creciente preocupación internacional. Ortega, exguerrillero de 79 años que ha estado en el poder desde 2007, ha sido acusado por sus críticos de establecer una «dictadura familiar» junto a Murillo, quien tiene 73 años. El régimen ha enfrentado numerosas protestas y un creciente descontento social desde 2018, lo que ha llevado a una escalada en la represión.
Recientemente, Ortega juramentó al jefe del ejército, Julio César Avilés, para un cuarto mandato consecutivo. Avilés ha sido sancionado por Estados Unidos debido a su papel en la represión contra opositores al gobierno sandinista. Asimismo, el presidente también juramentó al jefe de la Policía, Francisco Díaz, quien enfrenta sanciones similares por violaciones a los derechos humanos.
La decisión de Nicaragua de retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU marca un nuevo capítulo en la relación entre el régimen de Ortega y la comunidad internacional. A medida que las acusaciones sobre violaciones sistemáticas a los derechos humanos continúan creciendo, el futuro político del país y su posición en el ámbito internacional se tornan cada vez más inciertos. Mientras tanto, la población nicaragüense sigue enfrentando un contexto de represión y falta de libertades fundamentales, lo que plantea serias interrogantes sobre la viabilidad de un cambio democrático en el país.
