El pasado jueves 5 de septiembre, 135 presos políticos fueron liberados y trasladados a Guatemala, sin imaginar que este martes (10.09.2024) recibirían un nuevo golpe: las autoridades judiciales nicaragüenses les han despojado de su nacionalidad, además de ordenar el decomiso de sus bienes, según una sentencia emitida por el Tribunal de Apelaciones de Managua.
De la excarcelación al despojo
La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, controlada por el partido sandinista, confirmó la pérdida de la nacionalidad nicaragüense de los 135 individuos, quienes fueron considerados responsables de acciones delictivas contra la soberanía, independencia y autodeterminación del país.
La resolución judicial también apunta que estos individuos incitaron la violencia, el odio, terrorismo y la desestabilización económica, provocando caos en la nación.
Se sustenta esta drástica decisión en la Constitución Política, el Código Penal y leyes específicas relacionadas con la defensa y paz del pueblo nicaragüense.
Impacto del veredicto
Además de negarles su identidad nacional, el tribunal dispuso el decomiso de todos los bienes de los condenados como respuesta a los daños materiales e inmateriales ocasionados a la población y al país.
Esta medida, según el Poder Judicial, busca garantizar justicia para las víctimas afectadas por las actividades delictivas.
La nota oficial subraya el compromiso constitucional de demandar responsabilidades a los autores y cómplices de los actos criminales que socavaron la paz y seguridad del pueblo nicaragüense, presentando la decisión como un avance hacia un escenario de paz, solidaridad y justicia.
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Reacciones internacionales y tragedia personal
La liberación y posterior desnacionalización a la que se sometieron estos individuos despertó preocupación a nivel internacional.
Estados Unidos anunció la liberación de los «prisioneros políticos injustamente detenidos», sin embargo, ningún país ha oficializado la lista de beneficiados.
Entre los excarcelados se encuentran figuras destacadas como el periodista Víctor Ticay, el filósofo Freddy Quezada, y la opositora Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, así como miembros de organizaciones evangélicas, cuyas vidas y futuros quedan ahora en vilo tras ser despojados de su nacionalidad.
La situación en Nicaragua, marcada por crisis política y social desde 2018, se ha visto agravada por acciones gubernamentales controvertidas que han llevado a la detención, expulsión y ahora desnacionalización de aquellos que alzan sus voces en disidencia.
En medio de estas turbulencias legales y humanitarias, la comunidad internacional sigue atenta a los acontecimientos en Nicaragua y el destino de aquellos que luchan por sus convicciones en un entorno cada vez más hostil.
