En un contexto de creciente tensión, el Gobierno de Nicaragua ha expulsado a más de 150 sacerdotes desde 2018, enviando a 40 de ellos al Vaticano en grupos.
Este éxodo representa una cuarta parte del clero reconocido oficialmente en el país, lo que ha llevado al cierre de numerosas parroquias, especialmente en Matagalpa, donde la abogada Martha Patricia Molina denuncia que muchas comunidades han quedado sin acceso a servicios religiosos.
La mano detrás de la persecución
Según un sacerdote nicaragüense que solicitó anonimato, Rosario Murillo, vicepresidenta y esposa del presidente Ortega, es la figura clave detrás de esta ofensiva.
La represión actual, que él califica como la más severa en 500 años, ha sido comparada con las persecuciones de gobiernos pasados, como el de Zelaya o el régimen sandinista de los años 80.
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El silencio del Vaticano
A pesar de la gravedad de la situación, el papa Francisco y el arzobispo de Managua, Leopoldo Brenes, no han emitido declaraciones sobre las expulsiones, lo que genera especulaciones sobre un pacto de silencio impuesto desde el Vaticano.
Esta falta de respuesta ha llevado a muchos a cuestionar el compromiso de la Iglesia con sus fieles en Nicaragua.
La crisis religiosa en Nicaragua no solo refleja una lucha por la libertad de culto, sino también un profundo conflicto político.
La comunidad católica enfrenta desafíos sin precedentes, mientras la represión del gobierno continúa intensificándose.
La situación plantea interrogantes sobre el futuro de la fe católica en el país y la respuesta de la Iglesia a esta crisis.
