La Asamblea Nacional de Nicaragua ha aprobado este lunes 25 de noviembre de 2024 una controvertida ley que castiga a las empresas que apliquen sanciones internacionales, especialmente aquellas impuestas por Estados Unidos contra el régimen de Daniel Ortega.
Esta normativa, que permite al gobierno imponer sanciones, multas e incluso suspender operaciones de entidades que implementen sanciones extranjeras, fue aprobada por unanimidad en un contexto político marcado por la consolidación del poder del presidente Ortega y su esposa Rosario Murillo.
La aprobación de esta ley se produce poco después de que la Asamblea Nacional aprobara también una reforma constitucional que otorga poderes casi absolutos a Ortega y eleva a Murillo al rango de “copresidenta”. Estas decisiones han suscitado preocupaciones sobre el futuro democrático del país, ya que se considera que consolidan el control del régimen sobre las instituciones nicaragüenses.
Ortega argumenta que la nueva ley protegerá a los nicaragüenses y sus instituciones de las sanciones internacionales, pero analistas advierten que su aplicación podría complicar especialmente la operativa de los bancos y otras entidades financieras.
Desde las protestas antigubernamentales de 2018, que resultaron en más de 300 muertes según la ONU, Nicaragua ha sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Estas sanciones han sido dirigidas a funcionarios y entidades acusadas de violaciones a los derechos humanos y represión política.
La nueva ley se presenta como una respuesta directa a estas medidas internacionales, buscando desincentivar cualquier acción que pueda ser interpretada como apoyo a las sanciones.
La reacción ante esta legislación ha sido variada. Mientras el gobierno celebra la aprobación como un triunfo para la soberanía nacional, muchos economistas y analistas políticos advierten que esta medida podría aislar aún más a Nicaragua en el ámbito internacional.
La posibilidad de multas severas y la suspensión de operaciones podrían llevar a empresas extranjeras a reconsiderar su presencia en el país, afectando así la economía local.
“El impacto sobre los bancos será significativo”, señala un analista económico local. “Las instituciones financieras podrían verse atrapadas entre cumplir con las regulaciones internacionales y evitar las sanciones impuestas por el gobierno”.
Lea también: Yodani Andrés Patiño Peñaloza: Joven colombiano retenido en Venezuela desde el 22-N
El contexto político en Nicaragua es complejo. Desde 2018, el régimen de Ortega ha enfrentado un creciente aislamiento internacional debido a su respuesta violenta a las protestas. Las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países han afectado gravemente al gobierno, lo que ha llevado a Ortega a buscar formas de contrarrestar estas medidas. La reciente aprobación de leyes restrictivas es vista como parte de esta estrategia.
Además, la reforma constitucional que eleva el poder de Ortega y Murillo ha sido criticada por organizaciones defensoras de derechos humanos y por sectores opositores dentro del país. La consolidación del poder en manos del Ejecutivo plantea serias dudas sobre el futuro democrático de Nicaragua.
