El presidente de Nigeria, Bola Tinubu, ha ordenado la liberación inmediata de 29 niños que enfrentaban la posibilidad de ser condenados a pena de muerte tras ser acusados de participar en protestas contra la peor crisis del costo de vida en el país en una generación.
La decisión se produce bajo la creciente presión de activistas y organizaciones de derechos humanos, quienes han denunciado el trato inhumano y las condiciones deplorables en las que se encontraban los menores. El anuncio fue realizado por el ministro de Información nigeriano, Mohammed Idris, en una conferencia de prensa en la capital, Abuya.
Los niños, con edades comprendidas entre 14 y 17 años, fueron detenidos el pasado agosto durante manifestaciones que exigían mejoras económicas y denunciaban la brutalidad policial. En total, más de 70 personas fueron acusadas de traición, destrucción de propiedad y motín tras las protestas que sacudieron al país.
Durante su comparecencia ante el tribunal, cuatro de los menores se desmayaron por agotamiento, mientras que otros mostraban signos evidentes de desnutrición y desorientación. La situación generó una ola de indignación entre los ciudadanos y renovó las preocupaciones sobre el deterioro de los derechos humanos en Nigeria.
Un tribunal local había impuesto condiciones estrictas para la liberación de los menores, estableciendo una fianza de 10 millones de nairas (aproximadamente 5.900 dólares) para cada uno, una suma que ninguno pudo pagar. La detención ilegal y las “experiencias horribles” sufridas por los niños fueron denunciadas por Amnistía Internacional, que exigió su liberación inmediata.
Funke Adeoye, fundadora de Hope Behind Bars Africa, destacó que este caso revela defectos significativos en el sistema de justicia penal nigeriano, especialmente en lo que respecta a la justicia infantil.
La respuesta del gobierno nigeriano a las protestas ha sido objeto de críticas. Las políticas económicas implementadas por Tinubu han exacerbado las dificultades financieras para muchos ciudadanos, lo que ha llevado a un aumento del descontento social.
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Aunque no está claro si los niños realmente participaron en las protestas, su detención ha puesto en evidencia un sistema judicial que falla en proteger los derechos de los menores. Las órdenes del presidente Tinubu también incluyen una investigación sobre la conducta de los policías implicados en la detención y procesamiento de los menores.
Sin embargo, se espera que los niños no sean liberados hasta el martes por orden judicial. Este retraso ha causado preocupación entre sus familias y defensores de derechos humanos.
