El expresidente brasileño Jair Bolsonaro encontró este miércoles un aliado inesperado en el Supremo, después de que el tercero de los cinco jueces de la Primera Sala denunciara irregularidades durante el proceso y absolviera al líder ultraderechista de un supuesto intento de golpe de Estado.
- Tras los dos votos condenatorios del martes, el magistrado Luiz Fux respaldó hoy, en un dictamen denso de unas 10 horas, las tesis de la defensa del exmandatario y echó por tierra los argumentos del juez relator, Alexandre de Moraes, y de la Fiscalía, a la que acusó de «cierta incoherencia», de exponer «conjeturas» y de no aportar pruebas suficientes.
Este jueves votarán los dos últimos jueces de la sala para definir este juicio contra Bolsonaro y siete de sus aliados, acusados de tramar un golpe de Estado, tras perder las elecciones de 2022.
Antes de todo, Fux pidió la nulidad del proceso porque, según él, el Supremo no tiene competencias para analizar el caso, pues los acusados, cuando fueron denunciados, ya no estaban aforados, por lo que debería pasar a primera instancia.
También apreció que hubo restricción al derecho a la defensa ante el «tsunami de datos«, que cifró en 70 terabytes, suministrados a los abogados sin la antelación «mínima necesaria».
Con todo, Fux entró en el mérito y rechazó, por falta de «pruebas suficientes«, los cinco delitos atribuidos a Bolsonaro por De Moraes, quien defiende que el líder ultraderechista «lideró» el complot para «perpetuarse en el poder».
«No hubo actos ejecutorios, ni conducta dolosa (de Bolsonaro)», sostuvo Fux.
Así, declaró improcedente el crimen de organización criminal y subrayó que «no hay ninguna prueba» que vincule a Bolsonaro al asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023, cuando miles de sus seguidores vandalizaron las sedes de los tres poderes para incentivar una intervención militar contra Lula.
Tampoco observó tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho porque los hechos narrados por la Fiscalía no representaron un «peligro real«.
Para él, tan solo se consideró la posibilidad de adoptar medidas excepcionales, algo no punible. Asimismo, defendió que no cabe el delito de golpe de Estado porque en la época Bolsonaro era el presidente (2019-2022) y el autogolpe no está previsto en la legislación.
Rechazó además utilizar como evidencias entrevistas o discursos de Bolsonaro con amenazas a autoridades y ataques al proceso electoral, que amparó en la libertad de expresión.
«No cabe a ningún juez asumir el papel de inquisidor», dijo.
Fux también absolvió de todos los cargos al excomandante de la Marina Almir Garnier y solo apoyó condenar al exedecán de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid, por apenas uno de los cinco delitos imputados.
El magistrado contrarió, sin embargo, su propia jurisprudencia en las decenas de juicios previos relacionados con la asonada golpista, en muchos de los cuales avaló la competencia del Supremo y determinó castigos severos con penas de hasta 17 años de prisión.
El juicio se acerca al final
Tras Fux solo quedan los votos de Cármen Lúcia Antunes y Cristiano Zanin, previstos para este jueves.
El martes, el juez instructor, Alexandre de Moraes, situó a Bolsonaro como el «líder» de la presunta trama y pidió su condena y la del resto de acusados, entre ellos exministros y mandos militares. Flávio Dino fue el segundo en votar y acompañó al relator, pero pidió penas menores para algunos.
Contra el expresidente pesan cinco delitos por los que podría recibir una pena máxima de unos 40 años de prisión. El líder ultra, en prisión domiciliaria, volvió a seguir el juicio desde su casa por motivos de salud. El domingo se someterá a un pequeño procedimiento para retirar unas lesiones en la piel, tras recibir la autorización de De Moraes.
Y en plena recta final del pleito volvieron las presiones del Gobierno de Donald Trump.
El martes, preguntada sobre la eventual respuesta de EE.UU. a una posible condena de Bolsonaro, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que la libertad de expresión es una «prioridad» para Trump, quien «no tiene miedo de usar el poder económico y militar» de su país para protegerla «en todo el mundo».
El Gobierno de Lula respondió de forma escueta: «El primer paso para proteger la libertad de expresión es justamente defender la democracia y respetar la voluntad popular expresada en las urnas».
