La Policía Nacional y la Guardia Civil de España liberaron en 2024 a un total de 1.794 víctimas de redes de trata y explotación sexual y laboral, cifra que representa un aumento del 22 % respecto al año anterior, según datos oficiales del Ministerio del Interior difundidos este miércoles 16 de abril. Entre las personas rescatadas se encuentran 32 menores de edad, además de cientos de mujeres y hombres procedentes principalmente de países latinoamericanos, así como de otras regiones del mundo. Estas acciones policiales forman parte de un amplio operativo que incluyó 419 intervenciones, la detención de 966 personas y la desarticulación de 110 organizaciones criminales dedicadas a estas prácticas ilícitas.
Del total de víctimas liberadas, 632 fueron sometidas a explotación sexual, con un perfil predominante de mujeres jóvenes entre 23 y 27 años originarias de España, Colombia, Venezuela y Paraguay. Entre ellas, cinco eran menores de edad. Estas personas fueron captadas por redes criminales organizadas mediante engaño, violencia o abuso de vulnerabilidad, y obligadas a ejercer la prostitución en entornos clandestinos o semiocultos.
Por otro lado, más de 1.150 víctimas fueron rescatadas de situaciones de explotación laboral, en su mayoría hombres jóvenes, también entre 23 y 27 años, procedentes de países como Colombia, India, Pakistán, Marruecos y Senegal. Estas personas eran sometidas a condiciones de trabajo forzoso, muchas veces en sectores agrícolas, de construcción o servicios, sin garantías laborales ni remuneración justa.
Además, las fuerzas de seguridad intervinieron en ocho casos de trata con fines de matrimonios forzados, donde fueron liberadas ocho víctimas, seis de ellas menores, de nacionalidades búlgara, rumana, española, marroquí, gambiana y afgana. En otros dos casos de trata con fines de criminalidad forzada, se rescataron tres víctimas colombianas y se detuvo a cinco implicados.
Las 419 operaciones realizadas a lo largo del año permitieron desarticular 110 organizaciones criminales, responsables de captar, transportar y explotar a las víctimas. En el marco de estas intervenciones, se detuvo a 966 personas, entre ellas cabecillas, intermediarios y explotadores directos.
Paralelamente, se llevaron a cabo más de 10.000 inspecciones administrativas en entornos vinculados a la prostitución y a centros de trabajo sospechosos, con el objetivo de identificar situaciones de riesgo y prevenir la explotación. Estas inspecciones permitieron detectar a 7.697 personas en situación de vulnerabilidad, con un perfil mayoritario de mujeres entre 33 y 37 años, originarias de Colombia, España y Rumanía.
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El Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), organismo adscrito a la Secretaría de Estado de Seguridad, elaboró el informe anual que refleja la magnitud y complejidad de este problema estructural que afecta a España y que requiere una respuesta coordinada y multidisciplinaria.
