Human Rights Watch (HRW) denunció este 11 de abril la «desaparición forzada y detención arbitraria» de más de 200 migrantes venezolanos deportados a El Salvador por el gobierno de Donald Trump, bajo acusaciones de vinculación con la banda transnacional Tren de Aragua. Los afectados permanecen incomunicados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel diseñada para albergar a pandilleros, donde sus familias desconocen su paradero y condiciones de reclusión. La organización exigió a ambos gobiernos esclarecer el fundamento legal de estas detenciones y permitir el acceso a asistencia consular.
El 15 de marzo, el gobierno estadounidense deportó a 238 venezolanos hacia El Salvador, incluidos más de 100 señalados por presunta pertenencia al Tren de Aragua, según la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada históricamente solo en contextos bélicos. Los deportados fueron trasladados al Cecot, una prisión de máxima seguridad en El Salvador criticada por sus condiciones inhumanas, donde están prohibidas las visitas familiares y la comunicación con el exterior.
HRW entrevistó a 40 familiares de los detenidos, quienes denunciaron la falta total de información por parte de las autoridades salvadoreñas y estadounidenses. «Nos dicen que no pueden compartir datos, ni siquiera confirmar si están vivos», declaró un familiar anónimo. La organización subrayó que esta opacidad viola estándares internacionales, como el derecho a un debido proceso y la prohibición de desapariciones forzadas.
Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, calificó las acciones como «una crueldad institucionalizada» que deja a los migrantes «fuera de la protección de la ley». La ONG envió una carta el 5 de abril al gobierno de Nayib Bukele exigiendo detalles sobre las condiciones de detención y el marco jurídico aplicado, sin obtener respuesta.
Entre los deportados se encuentra Andry Hernández, estilista venezolano detenido «por error» tras ser confundido con un pandillero debido a sus tatuajes. Su caso evidenció el uso de criterios arbitrarios, como la apariencia física, para justificar las deportaciones. Familiares de otros detenidos relataron a HRW que las autoridades estadounidenses no presentaron pruebas concretas de vínculos con el crimen organizado.
Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de EE. UU., respaldó las detenciones durante una visita al Cecot en marzo, afirmando que los reclusos «deben estar allí el resto de sus vidas». Esta declaración contrasta con las advertencias de HRW sobre la falta de transparencia en los procesos judiciales, ya que muchos detenidos no han sido formalmente acusados.
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La deportación masiva ocurre en medio del éxodo de más de siete millones de venezolanos, muchos de los cuales huyen de la represión política, la emergencia humanitaria y el colapso de servicios básicos en su país, según informes recientes de HRW. Organizaciones alertan que estas deportaciones agravan la vulnerabilidad de los migrantes, exponiéndolos a riesgos como secuestros y extorsiones en rutas migratorias.
