La aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, invocada por el presidente Donald Trump para deportar presuntos pandilleros venezolanos, enfrenta nuevos desafíos legales tras decisiones emitidas este miércoles 9 de abril por jueces federales en Nueva York y Texas. Ambos tribunales bloquearon temporalmente la deportación de cinco migrantes venezolanos, permitiéndoles impugnar su expulsión en audiencias judiciales. Estas resoluciones marcan los primeros casos que llegan a los tribunales federales desde que la Corte Suprema autorizó el uso de esta ley histórica, pero garantizó el derecho al debido proceso para los afectados.
La Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada anteriormente solo durante conflictos bélicos como la Guerra de 1812 y las dos guerras mundiales, fue invocada por Trump para deportar sumariamente a supuestos miembros del Tren de Aragua, una organización criminal que, según el Departamento de Estado, está vinculada al gobierno venezolano liderado por Nicolás Maduro. La administración acusa al régimen chavista de enviar deliberadamente a pandilleros a Estados Unidos como parte de una estrategia hostil. Sin embargo, los abogados de los migrantes aseguran que sus clientes no tienen vínculos con el Tren de Aragua y que han sido injustamente señalados debido a sus tatuajes o perfiles sociales.
En Nueva York, el juez Alvin Hellerstein emitió una orden de restricción temporal que prohíbe la deportación de dos venezolanos identificados por sus iniciales hasta que se celebre una vista judicial. Por su parte, en Texas, el juez Fernando Rodríguez bloqueó la deportación de tres venezolanos bajo argumentos similares. Rodríguez afirmó que la expulsión inmediata causaría «daños irreparables» a los afectados y señaló que sería improbable revertir su situación si fueran deportados erróneamente.
Estas decisiones judiciales se producen en un contexto de creciente controversia sobre la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros. Aunque la Corte Suprema permitió su uso para deportaciones sumarias, también subrayó que los migrantes tienen derecho a impugnar su expulsión mediante procedimientos legales. Este principio fue puesto a prueba en el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue deportado erróneamente en marzo junto con más de 200 venezolanos acusados de pertenecer al Tren de Aragua.
Ábrego García ha sido identificado como miembro de la pandilla MS-13 por el gobierno estadounidense, aunque no se han presentado pruebas concluyentes en su contra. Un tribunal ordenó su repatriación y una corte de apelaciones confirmó este fallo, pero la administración Trump ha pedido a la Corte Suprema que lo anule.
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Los bloqueos temporales emitidos por los jueces Hellerstein y Rodríguez representan un desafío significativo para la política migratoria del gobierno Trump, que ha defendido el uso de esta ley como una herramienta para garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han criticado duramente estas medidas, calificándolas como un abuso del poder presidencial y una violación del debido proceso.
