El gobierno de El Salvador ha logrado recuperar más de 11.000 casas que estaban ocupadas por presuntos pandilleros, en el marco de la guerra contra las bandas iniciada hace tres años por el presidente Nayib Bukele. Esta acción forma parte de un esfuerzo más amplio para combatir el control territorial de las pandillas, que en su momento dominaban el 80% del país. La recuperación de estas viviendas es un golpe significativo a las estructuras financieras de las pandillas, que se beneficiaban de la renta de estas propiedades.
La «guerra» contra las pandillas comenzó en marzo de 2022, tras un fin de semana con 87 homicidios, lo que llevó a Bukele a instaurar un régimen de excepción. Desde entonces, la Policía y el Ejército han sido desplegados en barrios controlados por pandillas, lo que ha facilitado la recuperación de casas ocupadas por supuestos pandilleros o abandonadas por sus dueños. Además, se han detenido a más de 86.000 presuntos pandilleros, aunque unos 8.000 ya han sido liberados tras ser declarados inocentes.
Las pandillas se financiaban no solo con extorsiones y venta de drogas, sino también con la renta de viviendas usurpadas que ofrecían en alquiler. Sin embargo, la mayoría de las viviendas recuperadas necesitan mejoras significativas, ya que un 90% requiere reparaciones y un 60% está desmantelada total o parcialmente.
La recuperación de estas casas no solo es un logro en la lucha contra las pandillas, sino que también representa una oportunidad para familias de bajos ingresos. El Fondo Social para la Vivienda (FSV) ha vendido 9.044 viviendas a familias trabajadoras con créditos a bajo interés, destinando 119 millones de dólares para este fin. Esto ha permitido que muchas familias accedan a la propiedad de sus hogares, lo que puede tener un impacto positivo en la estabilidad social y económica de las comunidades.
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El régimen de excepción ha tenido un impacto significativo en la reducción de la violencia. Los homicidios han disminuido drásticamente, pasando de 106 por cada 100.000 habitantes en 2015 a solo 1,9 en 2024. Sin embargo, la medida ha sido criticada por grupos de derechos humanos, quienes argumentan que no respeta las libertades civiles y que muchos inocentes han sido detenidos.
