El gobierno argentino, liderado por Javier Milei, ha denunciado al exembajador en Venezuela, Oscar Laborde, por “traición a la patria”. La denuncia, presentada por el Ministerio de Seguridad, se fundamenta en la gestión no autorizada de Laborde para enviar una carta de la madre del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien se encuentra detenido arbitrariamente en Venezuela.
El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, emitió un comunicado el 26 de diciembre en el que se detalla que Laborde actuó sin la debida autorización del gobierno actual. Según las autoridades, su gestión no solo perjudica los intereses nacionales, sino que también compromete la protección del gendarme Gallo en un contexto ya de por sí complicado.
La denuncia se basa en el artículo 214 del Código Penal argentino, que tipifica la traición a la patria y no requiere un estado de guerra para su aplicación.
Oscar Laborde, quien fue embajador durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández (2019-2023), ha defendido su actuación argumentando que su intención fue humanitaria. En declaraciones recientes, Laborde admitió haber recibido una solicitud de una persona cercana a la madre del gendarme y afirmó que su única motivación fue ayudar en una situación difícil.
Sin embargo, su defensa ha sido recibida con escepticismo por parte del gobierno actual, que lo acusa de actuar en contra de los intereses argentinos.
Desde el Ministerio de Seguridad se sostiene que la gestión internacional asumida por Laborde fue contraria a la estrategia diplomática implementada por el gobierno. Se le acusa de haber presentado a Gallo como un espía infiltrado en Venezuela, lo que podría haber agravado su situación ante las autoridades venezolanas.
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La denuncia contra Laborde también pone de relieve las tensiones políticas existentes en Argentina. La figura del exembajador está estrechamente vinculada al kirchnerismo, lo que añade una capa adicional de complejidad al caso.
La actual administración ha manifestado su deseo de distanciarse de las políticas anteriores y fortalecer su postura frente al régimen chavista. En este sentido, la denuncia podría interpretarse como un intento del gobierno de Milei por reafirmar su autoridad y demostrar un enfoque más firme en cuestiones de seguridad nacional.
