En la mañana de este sábado 23 de noviembre, se reportó un intenso despliegue militar en la cárcel de El Rodeo I, ubicada en el estado Miranda, donde se encuentran varios presos políticos.
Esta situación ha desatado alarmas entre los familiares de los detenidos.
Familiares denunciaron que «funcionarios encapuchados rodean todo el perímetro» del penal, según la abogada y defensora de derechos humanos, Tamara Sujú.
Las visitas programadas para este día fueron suspendidas sin previo aviso, lo que generó malestar y preocupación. Andreina Baduel, hermana del preso Adolfo Baduel, se encontraba en las afueras del centro penitenciario y responsabilizó al régimen por cualquier eventualidad que pudiera ocurrir a su hermano.
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El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) enfatizó que el Estado es responsable de la integridad de los detenidos, quienes están en condiciones deplorables.
Hasta el 10 de noviembre, el Foro Penal contabilizaba 1.963 presos políticos en Venezuela, cifra que podría haber variado tras recientes excarcelaciones.
La situación sigue en desarrollo y requiere atención urgente. Las organizaciones de derechos humanos, como Provea, han manifestado su preocupación y exigen al Estado garantizar la integridad física y psíquica de los reclusos y sus familias.
La comunidad internacional observa con atención estos acontecimientos en un contexto marcado por la represión política en Venezuela.