La noche del miércoles 19 de marzo, una familia venezolana residente en Midvale, Utah, vivió un momento de terror cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) irrumpieron violentamente en su hogar. Los agentes, que buscaban a un antiguo inquilino de la propiedad, derribaron la puerta sin presentar una orden de allanamiento, según relataron los afectados a través de la cuenta de Instagram @Utahzolanos.
El operativo contó con al menos 25 agentes armados y se llevó a cabo alrededor de las 11:00 pm. La familia, que reside en la propiedad desde hace apenas un mes, denunció que los agentes actuaron de forma violenta, apuntando con armas largas a los ocupantes de la casa, que incluyeron a tres niños de 8, 3 y 2 años, una persona con discapacidad intelectual y dos madres.
Los agentes amenazaron a la familia con deportarlos a Venezuela si no se callaban y dejaban de llorar. La situación fue extremadamente aterradora para los niños y los adultos presentes.
La familia presentó una denuncia ante la policía de Midvale el jueves 20 de marzo por allanamiento sin orden judicial. Aunque expresaron su apoyo a los controles de seguridad para capturar criminales, pidieron que estos procedimientos se realicen de manera menos violenta y respetando los derechos de las familias inocentes.
La denuncia refleja las tensiones entre las comunidades migrantes y las autoridades de inmigración en Estados Unidos, donde las redadas y detenciones han generado miedo y desconfianza.
En Estados Unidos, las redadas de ICE suelen requerir una orden judicial para entrar en una propiedad privada. Sin embargo, los agentes a menudo utilizan tácticas de intimidación o engaño para obtener consentimiento, lo que puede violar los derechos constitucionales de los residentes.
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La falta de una orden judicial en este caso ha sido criticada por activistas de derechos humanos, quienes argumentan que tales acciones pueden ser ilegales y violar el Cuarto Emendamiento de la Constitución, que protege contra registros y detenciones arbitrarios.
