La representante María Elvira Salazar, presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental, ha convocado a una audiencia crucial para examinar las licencias comerciales que ostenta la empresa petrolera Chevron con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
Bajo el título «Maduro volvió a robarse las elecciones: la respuesta al fraude en Venezuela», el encuentro en el Rayburn House Office Building está programado para las 11:00 am (hora del este) y contará con destacados funcionarios del Departamento de Estado.
La audiencia busca arrojar luz sobre el impacto económico y financiero que implica la relación comercial entre Chevron y el regimen populista venezolano, apuntando a desvelar cuánto beneficio obtiene el régimen a través de estas asociaciones comerciales y señalando la posibilidad de suspender dichas licencias hasta que se reconozca la victoria opositora en los comicios.
Funcionarios clave como Kevin Sullivan, Enrique Roig y Greg Howell están citados como testigos para compartir la postura de la administración Biden respecto a la situación en Venezuela y cómo se abordará desde la perspectiva diplomática y económica.
La crisis política y humanitaria en Venezuela no solo preocupa a los líderes políticos en Estados Unidos, sino que también despierta debates sobre la ética en los negocios internacionales.
María Elvira Salazar, republicana por Florida, lidera la campaña para revocar los permisos comerciales de Chevron, argumentando que las regalías petroleras otorgan al régimen de Maduro una póliza de resiliencia frente al aislamiento internacional y las presiones derivadas de las acusaciones de fraude electoral y represión.
Al mismo tiempo, la administración demócrata ha mostrado su apoyo a la oposición venezolana y ha explorado vías para promover una transición democrática en el país sudamericano.
Chevron, por su parte, defiende su papel como empresa comercial y subraya su compromiso con el desarrollo económico y social en Venezuela, al margen de consideraciones políticas.
Sin embargo, la discusión se centra en el impacto real de las operaciones de la empresa en un contexto de crisis institucional en Venezuela y presiones internacionales crecientes.
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Mientras tanto, en la Casa Blanca se baraja la opción de suspender la licencia de Chevron en Venezuela como medida para fomentar un diálogo efectivo entre el gobierno de Maduro y la oposición, facilitando una salida pacífica a la crisis.
La decisión no solo afectaría la economía del regimen de Maduro, sino que tendría implicaciones internacionales significativas.
La audiencia convocada por Salazar pretende enviar un mensaje contundente: Estados Unidos no respaldará más negocios con la dictadura de Maduro y buscará impulsar un cambio hacia la democracia en Venezuela ante la persistente crisis política y social que enfrenta el país sudamericano.
El debate sobre las relaciones comerciales y ética empresarial en escenarios de conflictividad política internacional sigue siendo un tema relevante en la agenda estadounidense y mundial.
