La Fiscalía colombiana ha informado este jueves sobre la captura de 31 personas presuntamente involucradas en una red de tráfico de migrantes. Esta organización se dedicaba a tramitar y suministrar documentos falsos a ciudadanos de República Dominicana y Venezuela, quienes, con identidades colombianas ficticias, emprendían su viaje a México o Guatemala para luego cruzar por tierra hacia Estados Unidos.
Entre los detenidos se encuentran presuntos líderes de la red, reclutadores de posibles clientes y funcionarios públicos de la Registraduría, la entidad estatal encargada de la identificación de los colombianos, y de la Cancillería, donde se expiden los pasaportes.
Según la investigación, la red habría tramitado al menos 344 cédulas falsas y 304 pasaportes que fueron cancelados tras la investigación. Cada migrante habría pagado entre 2.000 y 4.500 dólares por los documentos falsos, según indicó el coronel Edwin Masleider Urrego, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía.
La investigación, que comenzó en 2021, culminó con la captura de los presuntos miembros de la red en Bogotá y en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Cesar, Sucre y La Guajira, al norte del país, y de Amazonas y Caquetá, al sur.
La Fiscalía identificó al menos dos rutas irregulares que utilizaban los migrantes que obtenían los documentos falsos. Algunos viajaban a México o Guatemala para luego llegar por vía terrestre a Estados Unidos y otros iban a países de Europa para quedarse definitivamente o buscar una nueva manera de ingresar a Estados Unidos.
Un dominicano y una colombiana serían los cabecillas de la red. El hombre es buscado con notificación azul de Interpol en 196 países y la mujer fue capturada en la operación y señalada de dirigir a sus colaboradores, entre ellos a seis de sus familiares.
La Fiscalía imputará a los detenidos, de acuerdo con su rol, los delitos de tráfico de migrantes, falsedad ideológica en documento público, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito. Los acusados se enfrentan a penas de entre 9 y 15 años de cárcel.
