La Asociación Madres del Catatumbo por la Paz emitió un comunicado en el que hacen un llamado urgente al presidente Gustavo Petro para que tome medidas inmediatas frente al alarmante aumento de la violencia en la región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander. “Nos están matando a nuestros hijos”, expresan con dolor estas mujeres campesinas, quienes han sido víctimas directas del conflicto armado que azota esta zona fronteriza del país.
En el documento, las madres denuncian la constante pérdida de jóvenes y niños a manos de grupos armados ilegales que operan en la región. “¿Qué más podemos hacer? ¿A quién más debemos acudir para que nos escuchen?”, se preguntan con angustia, exigiendo una respuesta clara y contundente del gobierno nacional. La sensación de abandono y desprotección es palpable: “Quedamos solas, sin consuelo, sin justicia, sin un Estado que nos abrace o nos defienda”, aseguran.
Este llamado no solo refleja el dolor humano sino también la profunda crisis social y de seguridad que enfrenta el Catatumbo, una región históricamente afectada por la violencia, el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales que disputan el control territorial.
El panorama que describen las madres es aún más grave cuando se complementa con las denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos, que alertan sobre un creciente número de mujeres secuestradas con fines de explotación sexual en la zona, especialmente en Norte de Santander. Según Alejandra Vera, directora de la Corporación Mujer Denuncia y Muévete, más de 80 mujeres han sido víctimas de trata con fines de esclavitud sexual, siendo las migrantes venezolanas las más vulnerables.
“Llevamos más de 80 víctimas de trata con fines de explotación sexual, esclavas de los grupos armados en Norte de Santander. Las mujeres migrantes son las que están en estos momentos siendo captadas”, señaló Vera, subrayando la gravedad de esta problemática que se suma a la violencia armada.
Este fenómeno de trata de personas no solo implica una violación flagrante de los derechos humanos, sino que también profundiza la crisis humanitaria en la frontera colombo-venezolana, donde la pobreza, la falta de oportunidades y la ausencia del Estado crean un caldo de cultivo para que los grupos ilegales recluten y exploten a las poblaciones más vulnerables.
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El Catatumbo ha sido históricamente un territorio estratégico para grupos armados ilegales debido a su ubicación fronteriza y su importancia en las rutas del narcotráfico. A pesar de los esfuerzos del gobierno colombiano por implementar procesos de paz y desarme, la violencia persiste, afectando principalmente a las comunidades campesinas que habitan la región.
Las madres campesinas que integran la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz representan a un sector que ha sufrido directamente las consecuencias del conflicto: la pérdida de familiares, la inseguridad constante y la impunidad que rodea muchos de estos crímenes.
